La Fiscalía colombiana investigará la declaración de Francisco Luis Correa, vinculado con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, quien acusó recientemente al expresidente de ese país Horacio Cartes (2013-2018) y al presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico», de planear el crimen.
Así lo informó ese organismo, que detalló en un comunicado que «dispuso de varias actividades investigativas para corroborar el testimonio entregado por Francisco Luis Correa Galeano».
«De establecerse que sus afirmaciones son ciertas, se hará la compulsa de copias a la justicia de Paraguay para que actúe en el ámbito de sus competencias», agregó la información.
Durante el juicio contra Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, acusada en abril pasado por la Fiscalía de haber participado en la planeación del asesinato del fiscal paraguayo, Correa acusó al exmandatario y al presunto narcotraficante de organizar el crimen.
«Tanto el expresidente como el señor ‘Tío Rico’ fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos (Andrés Felipe y Ramón Emilio) Pérez Hoyos y a la señora Margaret (Lizeth Chacón Zúñiga) para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo», aseguró el testigo.
Por eso, la Fiscalía aseguró este martes que Correa, «en su intervención, indicó por primera vez que la información en contra de un expresidente paraguayo la escuchó en conversaciones con los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, condenados por el crimen».
«La Fiscalía reitera su compromiso de esclarecer en su totalidad el homicidio del fiscal Pecci Albertini y de colaborar con las instancias internacionales para identificar y lograr la judicialización de los determinadores», agregó la información.
Las autoridades colombianas han detenido a siete supuestos implicados en el asesinato del fiscal, un crimen con el que los investigadores creen que puede estar relacionado el Primer Comando de la Capital (PCC), banda nacida en las prisiones de Brasil y que hoy tiene tentáculos en casi toda la región. También ha habido capturas en Venezuela y El Salvador. EFE
