Decenas de miles de personas salieron a las calles este sábado en toda Francia para protestar contra un controvertido proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en una jornada empañada por choques entre manifestantes y policías en París.
Según cifras del ministerio del Interior, un total de 130.000 personas se volcaron a las calles en todo el país, pero de acuerdo con un conteo realizado por los organizadores de la denominada «Marcha de las Libertades», fueron unos 500.000.
La mayoría de las manifestaciones contra este texto – que restringiría el derecho de filmar a la policía – se desarrollaron en la calma, pero en París, estallaron violentos enfrentamientos al caer la noche.
Grupos de manifestantes, vestidos de negro, prendieron fuego a la entrada del Banco de Francia y a un restaurante adyacente, volcaron e incendiaron varios vehículos, y lanzaron piedras y palos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua, constataron periodistas de la AFP.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, condenó «violencias inaceptables contra las fuerzas del orden». El ministro señaló en Twitter que 37 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, que se saldaron con al menos 46 detenciones.
«Es el pueblo de la libertad que marchó por toda Francia para decirle al gobierno que no quiere su ley de Seguridad global, que se niega a la vigilancia generalizada y a los aviones teledirigidos, que quiere poder filmar y retransmitir las intervenciones de las fuerzas de policía», dijeron los coordinadores de las protestas en un comunicado.
Estos condenaron «firmemente» los actos de violencia cometidos por un «puñado de personas que intentan imponer por la fuerza su estrategia de contestación a cientos de miles de manifestantes pacíficos».
En el centro de las protestas figuran tres artículos del proyecto de ley Seguridad global que recibió la luz verde de la Asamblea Nacional la semana pasada, y que enmarca la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones así como imágenes de las fuerzas del orden tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles.
El artículo 24 del texto centra la mayoría de las críticas, pues castiga con un año de cárcel y hasta 45.000 euros (54.000 dólares) de multa la difusión «malintencionada» de imágenes de las fuerzas del orden.
