El Tribunal Correccional de París comenzó este lunes el juicio contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy y contra otros doce hombres por la presunta financiamiento irregular de la campaña electoral de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.
Sarkozy, que a finales de mes cumple 70 años, no quiso hacer declaraciones a la prensa antes del inicio de la audiencia, a la que se presentó con un traje oscuro y corbata negra.
En el breve interrogatorio al que la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, sometió a todos los encausados presentes (algunos no acudieron, hay uno al que se le considera probablemente muerto y otro está en Líbano, en busca y captura), el que fuera jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 recordó que su profesión actual es abogado.
Antes de que comenzara la audiencia, Sarkozy estuvo hablando en la sala del Tribunal con varios abogados y con los otros tres de los principales encausados, los exministros Claude Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth, así como con su hermano Guillaume.
En este proceso, que va a prolongarse hasta el 10 de abril, el que fuera presidente francés entre 2007 y 2012 está acusado de delitos que, en caso de ser declarado culpable, podrían conducir a una condena de hasta 10 años de cárcel y a multas de hasta 375.000 euros.
El expresidente conservador ha sido condenado ya en dos ocasiones, y una de ellas tiene carácter definitivo, después del dictamen hace un mes del Tribunal Supremo, con una pena firme de un año de cárcel por un caso de corrupción y tráfico de influencias, que podrá cumplir en arresto domiciliario con un brazalete electrónico.
Además, Sarkozy ha sido sentenciado en primera instancia por la financiación irregular de su fallida campaña electoral presidencial de 2012 (perdió frente al socialista François Hollande), a una pena de un año de cárcel, la mitad exenta de cumplimiento y la otra mitad en arresto domiciliario.
El juicio en apelación ya ha tenido lugar y la decisión se conocerá durante este año.
La primera audiencia de este lunes va a estar dedicada a recursos de procedimiento que tratan de anular el proceso.
