Human Rights Watch instó a Pedro Castillo a revocar los decretos de estado de emergencia en Perú, que fueron aplicados para tratar el paro de transportistas y la criminalidad, sin explicar a la población por qué se tomaron medidas tan extremas en algunas zonas del país, lo que constituye medidas desproporcionadas que propician posibles abusos.
El 7 de abril de 2022, el presidente Castillo dictó un decreto de estado de emergencia por 30 días que se aplica a la red vial nacional, de más de 27.000 kilómetros de extensión, conformada por las principales carreteras del país. El decreto, que establece en sus considerandos que responde a la “problemática” generada por un paro de transportistas, habilita al gobierno a desplegar las Fuerzas Armadas en esas carreteras y suspender los derechos constitucionales de libertad de tránsito y reunión pacífica, y permite efectuar detenciones arbitrarias en la red vial.
El 28 de marzo, trabajadores del sector de transporte iniciaron una huelga nacional en protesta por el aumento en los precios del combustible y la inflación, y bloquearon carreteras en varios puntos del país.
Este decreto se suma a otros tres —emitidos el 2 de febrero, el 17 de marzo y el 4 de abril— que habían suspendido algunos derechos fundamentales en la capital, Lima, y en la vecina provincia del Callao.
“Suspender derechos fundamentales y desplegar a soldados para lidiar con un paro y con la criminalidad son medidas peligrosas y sumamente desproporcionadas”, manifestó Tamara Taraciuk Broner, directora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El presidente Castillo debe revocar los decretos de estado de emergencia”.
Autoriza las detenciones y los allanamientos de domicilios arbitrarios, y suspende la libertad de tránsito y de reunión pacífica.
En las últimas horas del 4 de abril, el presidente Castillo agregó un inciso al decreto por el cual prohibió a todos los residentes de Lima y del Callao salir de sus casas durante el 5 de abril, a excepción de los trabajadores de servicios esenciales, como respuesta a la “problemática” generada por el paro. El ministro de Defensa señaló que “información de fuente reservada” afirmaba que actos de vandalismo ocurrirían el 5 de abril, lo que, según él, hacía necesario el toque de queda.
No obstante, miles de personas salieron a las calles de Lima durante la tarde del 5 de abril, desafiando el toque de queda. La manifestación —que se desarrolló, en gran medida, de manera pacífica— terminó con ataques por parte de un grupo reducido de manifestantes contra edificios estatales, incluida la Corte Superior de Justicia de Lima, saqueos y enfrentamientos con la policía.
Los decretos no explican la “problemática” se supone que abordan, ni por qué son necesarias medidas tan extremas para combatir la criminalidad o para responder a protestas. Brindan una limitada o nula justificación para las medidas de emergencia y, en lugar de eso, citan informes policiales secretos.
Desde el 28 de marzo, al menos cinco personas han muerto en diversas circunstancias en el contexto de las protestas. El 1 de abril, un niño de 13 años se ahogó tras caer a un río cuando, según su familia, huía de la policía. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una coalición de organizaciones de derechos humanos, indicó que otra víctima fue alcanzada por el impacto de un proyectil de gas lacrimógena el 5 de abril y que otra murió por un impacto de bala perdida el 6 de abril. La Coordinadora mantiene que, en ambos casos, los disparos fueron efectuados por la policía. Además, el Ministerio Público anunció que una persona falleció al no poder llegar hasta un hospital debido a las protestas, sin proporcionar la fecha exacta, y otra persona murió al ser atropellada por un automóvil durante una manifestación el 28 de marzo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también dijo que la policía hirió a decenas de manifestantes. El Ministerio del Interior informó que más de 20 policías sufrieron lesiones en Lima en los enfrentamientos del 5 de abril.
La fiscalía debe realizar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras de todos estos casos, dijo Human Rights Watch.
“Al carecer de una justificación clara, las últimas medidas parecen más bien un intento de frenar las protestas contra el gobierno en un momento en el que atraviesa graves problemas políticos”, manifestó Taraciuk Broner. “En lugar de debilitar el Estado de derecho, el presidente Castillo debería priorizar su fortalecimiento”.
