Las menores de 18 años de Florida que quieran abortar y que no cuenten con un padre o tutor que esté dispuesto a autorizarlo sufren de limitaciones en niveles «alarmantes» a la hora de acceder a este procedimiento, según denuncia un informe difundido este jueves por Human Rights Watch (HRW).
De acuerdo con la organización, en este sureño estado las menores de edad que no cuentan con la autorización de un padre o tutor que apruebe el aborto pueden ir a la corte para pedirle a un juez una exención, un proceso llamado «bypass judicial» y en el que el magistrado tiene la última palabra.
Son unas 200 jóvenes floridanas menores de 18 años las que cada año acuden a un juez en pos de una exención que les permita abortar y, según un artículo de la revista «American Journal of Public Health», un 15 % de las menores de edad de ese estado que abortan lo han hecho a través de este proceso.
El estudio de HRW refleja que la tasa de denegación del aborto entre menores de edad de este estado que pasan por ese «proceso judicial engorroso, potencialmente traumático y altamente arbitrario», es «sorprendentemente alta».
Como señaló a EFE la investigadora senior de HRW y autora del informe, Margaret Wurth, los jueces floridanos denegaron en promedio más de uno de cada 8 peticiones durante los años 2020 y 2021, con casos extremos como el del condado de Hillsborough, donde se asienta Tampa, y que en 2021 rechazó la mitad de todas las solicitudes.
Las tasas de denegación varían enormemente y en algunas demarcaciones los jueces concedieron, por el contrario, todas las solicitudes.
Para obtener esa dispensa, la adolescente debe demostrar al juez que es lo suficientemente madura como para decidir abortar sin el consentimiento de sus padres, o que la participación de los padres no es lo mejor para ella, o que ha sufrido abusos por parte de sus padres o tutores legales.
«El proceso es arbitrario, a menudo se basa en factores como las calificaciones o la personalidad de una joven», manifestó la investigadora, que resaltó que muchas de esas menores que buscan esa exención prefieren no involucrar a sus padres por temor a graves consecuencias.
Como destaca Wurth, aquellas que ven rechazadas sus peticiones les queda el camino de la apelación, el cual muy pocas toman dado que «consume tiempo» e implica dificultades que tienen que ver con navegar en medio del sistema judicial, muchas veces sin un abogado de por medio.
El factor tiempo es relevante en vista de que en Florida entró en vigor la prohibición del aborto después de las 15 semanas de gestación.
Por ello, muchas jóvenes, ante la negativa en los tribunales, optan por viajar a otros estados donde el aborto es legal, y otras simplemente terminan continuando con el embarazo en contra de sus deseos.
«Permitir que los jueces decidan si las jóvenes pueden acceder a la atención médica es intrínsecamente problemático e incompatible con el derecho a la salud», señala Human Rights Watch.
La organización critica un sistema construido de tal forma que considera muchas veces que la «joven es demasiado inmadura para tomar la decisión de abortar, pero lo suficientemente madura para permanecer embarazada y potencialmente verse obligada a criar a un hijo».
El informe de 39 páginas dado a conocer hoy invoca que el Congreso de Florida debe derogar el estatuto estatal de consentimiento y notificación a los padres, en medio del temor de que la Legislatura estatal se sume a otros estados que han prohibido el aborto de forma total.
Como recordó Wurth, desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho constitucional de acceso al aborto en junio de 2022, más de una decena de estados han prohibido casi todos las formas de aborto. EFE
