Al menos 83 gobiernos en todo el mundo han usado la pandemia de Covid-19 para justificar violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades han atacado, detenido, procesado y, en algunos casos, asesinado a críticos, dispersado protestas pacíficas, cerrado medios de comunicación y promulgado leyes imprecisas para criminalizar expresiones que, según sostienen, amenazan la salud pública.
Las víctimas incluyen a periodistas, activistas, trabajadores de la salud, grupos políticos de oposición y otros actores que han criticado la respuesta de esos gobiernos al coronavirus.
“Los gobiernos deben combatir el Covid-19 alentando a las personas a usar mascarillas, no a callarse”, expresó Gerry Simpson, director asociado de crisis y conflictos de Human Rights Watch. “Cuando se golpea, detiene, procesa y censura a críticos pacíficos se violan numerosos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, al tiempo que no se hace nada para prevenir la pandemia”.
Los gobiernos y otras autoridades estatales deben poner fin de inmediato a las restricciones excesivas a la libertad de expresión supuestamente impuestas para prevenir la propagación del Covid-19, y exigir que los responsables de graves abusos y violaciones de derechos humanos rindan cuentas, expresó Human Rights Watch. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su período de sesiones que comenzará el 22 de febrero de 2021, debería encargar un nuevo informe que aborde específicamente el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de derechos humanos en la respuesta al Covid-19, incluido el impacto de las restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Human Rights Watch analizó las respuestas de gobiernos nacionales de todo el mundo a la pandemia de Covid-19 y concluyó que la injerencia ilegítima en la libertad de expresión ha sido una de las formas más comunes en las que se han extralimitado. En algunos países, las violaciones fueron limitadas. En otros, como China, Cuba, Egipto, India, Rusia, Turquía, Venezuela y Vietnam, los abusos gubernamentales afectaron a cientos o miles de personas.
En algunos países, como Bangladés, China y Egipto, seguía habiendo personas detenidas cuando se redactó este informe, por el mero hecho de haber criticado meses antes las respuestas de sus gobiernos ante el Covid-19.
Entre ellas está Zhang Zhan, de 37 años, quien practica periodismo ciudadano y fue condenada a cuatro años de prisión por un tribunal de Shangái en diciembre de 2020 por “incitar peleas y provocar desorden”, puesto que había viajado a Wuhan en febrero de 2020 e informado desde allí sobre el brote de coronavirus. Según indicó su abogado, los funcionarios han alimentado a Zhang de manera forzosa desde que inició una huelga de hambre poco después de ser detenida en mayo, y su estado salud se está deteriorando.
“Vivo cada día atemorizada”, expresó Zhang antes de que la condenaran. “Siento miedo cuando un oficial del Ejército me amenaza. O cuando la policía me dice que podrían golpearme hasta matarme. O cuando algún amigo me advierte que el Departamento de Seguridad Nacional está tras de mí. … Yo solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”.
Human Rights Watch identificó las siguientes tendencias:
- Las fuerzas militares y policiales en al menos 18 países han agredido físicamente a periodistas, blogueros y manifestantes, incluyendo personas que criticaron la respuesta de las autoridades al Covid-19, como la falta de fondos suficientes para la atención de la salud, las medidas de confinamiento y la escasez de mascarillas y guantes para los trabajadores de la salud. Los abusos incluyen el uso de municiones reales contra manifestantes pacíficos, golpizas a manifestantes en puestos de control y agresiones durante la detención, al parecer con absoluta impunidad. En la mayoría de los casos, las fuerzas implicadas manifestaron que estaban velando por el cumplimiento de las normas relacionadas con el Covid-19. En Uganda, las fuerzas de seguridad también mataron a decenas de manifestantes.
- Las autoridades de al menos 10 países han prohibido o dispersado de manera arbitraria protestas organizadas en rechazo a la respuesta gubernamental al Covid-19. En algunos de estos casos, citaron la necesidad de mantener el distanciamiento social o invocaron el Covid-19 como pretexto para dispersar protestas y otros encuentros de tono crítico contra políticas del gobierno que no estaban relacionadas con el coronavirus. En todos los casos, las autoridades intervinieron pese a haber permitido otros encuentros multitudinarios.
- Desde enero de 2020, los gobiernos de al menos 24 países han promulgado leyes imprecisas y medidas que criminalizan la difusión de información supuestamente errónea acerca del Covid-19 u otro tipo de cobertura sobre la pandemia u otras crisis de salud pública que, según sostienen las autoridades, amenazan el bienestar del público. Para los gobiernos es fácil utilizar leyes imprecisas como herramientas de represión. Al menos cinco países también han criminalizado la publicación de información supuestamente errónea sobre una variedad de otros temas, incluida la salud pública.
- En por lo menos 51 países, las autoridades han usado leyes y reglamentaciones adoptadas para prevenir la propagación del Covid-19 –así como medidas previas a la pandemia, contra el terrorismo y de otras índoles– para interceptar de manera arbitraria, detener y procesar a personas que critican las respuestas de los gobiernos al coronavirus o políticas que no guardan relación con la pandemia, lo cual ha dado lugar a la imposición de multas y penas de prisión. Entre quienes han sido blanco de estas medidas se incluyen periodistas, blogueros y otras personas que realizan publicaciones en línea; figuras y activistas opositores; manifestantes; académicos; trabajadores de la salud; estudiantes; abogados; caricaturistas, y artistas.
- Valiéndose tanto de nuevas leyes como de leyes previas a la pandemia, o incluso sin invocar ley alguna, al menos 33 gobiernos han amenazado a críticos, en algunos casos con la posibilidad de persecución penal, si critican la respuesta de las autoridades a la pandemia. Ocho de esos países investigaron, amenazaron y despidieron a personal sanitario por haber hablado públicamente sobre la respuesta de las autoridades a la pandemia. Al menos ocho países también han suspendido o restringido el derecho a solicitar y recibir información de las autoridades, incluso sobre cuestiones de salud pública. Al menos 12 países han bloqueado informes periodísticos específicos relacionados con el Covid-19 o han cerrado medios por su cobertura de la pandemia.
Los gobiernos están obligados a proteger el derecho de libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo en internet y en medios tradicionales, incluyendo información sobre salud pública. El derecho de libertad de expresión es integral para el ejercicio de la libertad de reunión, incluso con fines de protesta pública. Los tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), permiten restricciones a la libertad de expresión y reunión únicamente si estas están previstas en la ley, resultan estrictamente necesarias y proporcionales para lograr un fin legítimo, como la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas, y no tienen carácter discriminatorio. Otros objetivos legítimos incluyen la protección de los derechos o la reputación de terceros, en el caso de la libertad de expresión, o la protección de los “derechos y libertades” de terceros, en el caso de la libertad de reunión.
Cuando los gobiernos se enfrenten a una emergencia pública que “ponga en peligro la vida de la nación” o “la independencia o seguridad” de un país y no puedan lograr sus objetivos de salud pública u otros objetivos de políticas públicas imponiendo únicamente estas restricciones, los principales tratados internacionales de derechos humanos les permiten establecer temporalmente restricciones más significativas a algunos derechos o incluso su suspensión, incluyendo a la libertad de expresión. Pueden hacer esto mediante la introducción de una medida derogatoria de sus obligaciones. En estos casos, los gobiernos deberían declarar un estado de emergencia, demostrar por qué se ameritan restricciones más “graves” y establecer estas limitaciones en la ley junto con cláusulas que garanticen la naturaleza temporal de las restricciones excepcionales. También deberían registrar estos actos de derogación de sus obligaciones de derechos humanos ante la ONU y, en el caso de Estados Partes de instrumentos regionales europeos o americanos, ante el Consejo de Europa o la Organización de los Estados Americanos, cuyos órganos pertinentes pueden evaluar la legitimidad de las excepciones y monitorear las restricciones.
Apenas 44 de los 83 países que Human Rights Watch determinó que han violado derechos de libertad de expresión o reunión han declarado un estado de emergencia. Sin embargo, ninguno registró derogaciones relativas a la libertad de expresión, y solo ocho registraron derogaciones vinculadas con la libertad de reunión. Al no registrar dichas derogaciones, les resulta más fácil a estos gobiernos evadir las medidas de supervisión internacional que podrían poner freno al abuso de facultades extraordinarias. Los países que son parte en el PIDCP y que declaran estados de emergencia sin registrar derogaciones también están obligados por el derecho internacional aplicable.
Asimismo, los gobiernos tienen una obligación internacional de asegurar el acceso del público a información precisa sobre amenazas contra la salud, lo cual incluye métodos para la prevención y control de dichas amenazas. Las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión pueden hacer que resulte más difícil contrarrestar información imprecisa sobre el Covid-19, incluyendo teorías conspirativas y tratamientos riesgosos que han circulado en redes sociales y fuera de Internet.
“La represión excesiva, y a veces violenta, de expresiones críticas por parte de los gobiernos demuestra una predisposición alarmante a relegar una libertad fundamental en nombre de la lucha contra el Covid-19”, explicó Simpson. “La obligación de los gobiernos de proteger al público de esta pandemia letal no les da vía libre para que supriman información y repriman el disenso”.
