Guyana denunció este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “amenaza existencial” para su territorio y pidió imponer medidas para frenar el referendo convocado por Venezuela para el 3 de diciembre sobre la controversia por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo.
Por Imane Rachidi / EFE
En una audiencia ante la CIJ en La Haya, el agente de Guyana Carl Greenidge subrayó “la urgencia” de imponer medidas provisionales porque Venezuela “declaro públicamente planes” que suponen “una amenaza existencial a Guyana y más de dos tercios de su territorio”, que está expuesto a “no solo un daño irreparable sino una pérdida permanente”.
“El referéndum está diseñado para obtener un mandato popular abrumador para que el gobierno (venezolano) rechace la competencia de la corte, impida un fallo futuro de la Corte y, al hacerlo, socave la autoridad y la eficacia del principal órgano judicial de las Naciones Unidas”, aseguró Greenidge.
Además, alertó de que, con el referendo, Venezuela “pretende anexar e incorporar a su propio territorio toda la región del Esequibo de Guyana”, y “otorgar la nacionalidad venezolana a su población”, tal y como altos funcionarios militares y civiles venezolanos “han afirmado abierta y atrevidamente en sus declaraciones públicas”, dijo.
Venezuela habla el miércoles
Venezuela, que tiene este miércoles el turno de la palabra ante la CIJ, ya dijo que reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
Además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, insistió ayer en que Venezuela mantiene su posición histórica de regirse por este acuerdo de 1966, y “no reconoce la jurisdicción obligatoria y automática” de la CIJ, tribunal que se declaró ya competente para resolver la disputa en sí misma.
Greenidge se preguntó “qué será de los derechos” de Guyana a la región del Esequibo “una vez que Venezuela cree un nuevo Estado, haya anexionado este territorio, y otorgue la nacionalidad venezolana a la población”, puesto que Caracas ya rechaza la validez de las decisiones de la CIJ.
“Todavía estamos a tiempo de actuar para proteger la autoridad de la Corte y parar a Venezuela”, aseguró el agente de Guyana, señalando que el tribunal es “la única vía de lograr una solución justa, definitiva, vinculante y acorde al derecho internacional” para esta controversia con Venezuela.
Agregó que es la Corte quien está “entre esa solución y el caos, un caos que amenazaría la paz y la seguridad de Guyana y de la región del Caribe y más allá” y consideró “ingenuo pretender que un voto afirmativo en el referendo venezolano es evitable, teniendo en cuenta la elección de preguntas y su formulación”.
“La intención es abrir una puerta que el Gobierno de Venezuela ya ha dicho en declaraciones públicas que está ansioso por cruzar, con la bendición popular del público venezolano. Solo esta Corte es el guardián de esa puerta, sólo la Corte puede proteger a Guyana y sus derechos”, señaló Greenidge.
El Esequibo, zona en reclamación
Cabe destacar que Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de1899 es nulo y sin efecto debido a que «afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio» de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo, y el pasado abril, la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, puesto que había intentado que se declarara “inadmisible” este caso.
La jugada del régimen de Nicolás Maduro ha disparado también la tensión diplomática. Organismos como la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos) rechazan el referendo -que no supone «per se» un cambio real en el territorio-, y el chavismo defiende a ultranza que esta zona rica en hidrocarburos “le pertenece” a Venezuela.
