La Presidencia de México impugnará la suspensión otorgada por un ministro del Supremo mexicano en contra de las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como “Plan B”, informó este domingo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
El viernes pasado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, puso una pausa a la aplicación del último paquete de reformas legales en materia electoral que propuso el presidente mexicano, después de que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) interpusiera una controversia constitucional a su entrada en vigor.
“El Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones” a leyes electorales, indicó la CJEF en un comunicado.
La dependencia del Gobierno mexicano calificó que en la determinación se cometieron “una serie de arbitrariedades” y se trata de “una resolución injustificada e innecesaria”.
Aunque el ministro Laynez expuso que la suspensión se dio por la posibilidad de vulnerar de manera irreparable derechos humanos, como los derechos políticos-electorales de la ciudadanía mexicana, la CJEF revirtió que esto es falso, así como rechazó que se vulnere el Estado de derecho y la organización de las elecciones.
«El Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes», defendió la instancia de la Presidencia mexicana.
Posición del INE
De acuerdo con el INE, estas modificaciones electorales “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandan, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.
A su vez, la Consejería Jurídica del Gobierno mexicano indicó que los ministros de la SCJN deben de actuar dentro del marco legal mexicano y advirtió que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, por lo que también pedirá que se revoque el acuerdo que dio trámite a la impugnación del INE.
Dijo que es preocupante que el ministro Laynez desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, pues explicó que no puede pronunciarse en temas electorales.
“La Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral”, aseguró.
Añadió que esta restricción impide que se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado mexicano, “pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.
También dijo que es preocupante que se suspenda la totalidad de la norma, cuando el INE interpuso un instrumento jurídico en contra de normas que consideró afectan su funcionamiento.
La CJEF añadió que para tomar una determinación de tal envergadura se requería de una sentencia definitiva que necesita la aprobación de al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN.
“No es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral”, indicó. EFE
