La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, eliminó de sus redes sociales un mensaje en el que informaba de la derogación de un decreto que disponía cambios en la custodia oficial del expresidente Alberto Fernández (2019-2023).
El contenido de esta derogación tampoco figura en el Boletín Oficial de este jueves y ha sido calificado de «operación de prensa» por el propio exmandatario, quien en su cuenta de la red social X (antes Twitter) informó que anulaba su viaje programado a España y de que no tiene pensado radicarse «fuera de Argentina».
«Tan solo la duda que puede haber sembrado la operación periodística fundada en un twit (sic) que fue borrado de las redes, me determina a suspender las actividades que tenía previstas. Un viaje y una conferencia no cambian mi vida», agregó el que fuera presidente argentino hasta el pasado 10 de diciembre, cuando dio el relevo a Javier Milei.
Según había anunciado recientemente, Fernández tenía previsto impartir una conferencia en Italia y viajar a España para otras actividades. De hecho, se especuló con que se instalaría a vivir en este último, donde tiene buena relación con el Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez.
Este miércoles, la ministra de Seguridad publicó en sus redes sociales que había derogado un decreto firmado por Fernández días antes de dejar la Jefatura de Estado.
«¡Se terminan los privilegios de la clase política! Poco antes de terminar su mandato, Alberto Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país», señaló la también excandidata presidencial por la coalición Juntos por el Cambio.
El 8 de diciembre, dos días antes de traspasar el mando a Milei, Fernández firmó un decreto por el cual el servicio de custodia al presidente en ejercicio, a vicepresidente y a los exmandatarios pasaba a estar concentrado en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, en una misma unidad administrativa y funcional, y no bajo el paraguas de la Policía Federal Argentina.
Esto, que fue interpretado por la prensa argentina como la asignación de una custodia especial a Fernández ya como expresidente, fue aclarado en un comunicado de Presidencia, que explicaba que no se le daba un servicio diferente al vigente para exmandatarios, sino que sólo suponía una modificación en cuanto a la órbita de funcionamiento.
«Ello obedeció a que es público y notorio que la ministra de seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado», escribió este jueves Fernández, quien recordó que el diputado Gerardo Milman, muy cercano a Bullrich, «está denunciado en el atentado» contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández, perpetrado el 1 de septiembre de 2022.
El expresidente indicó que esto suponía que no habría «garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los ex mandatarios opositores», lo que explicaba la firma de su decreto del 8 de diciembre. EFE
