La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó el martes que procederá penalmente en contra del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, entre otros funcionarios, por la muerte de 40 migrantes en un incendio al interior de una estación migratoria al norte de México.
“Se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”, señaló la FGR en un comunicado.
La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM, en la fronteriza ciudad Juárez, mató a 40 migrantes, entre ellos seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano, incidente que el Gobierno salvadoreño calificó de un «crimen de Estado» y por el que pidió la remoción de los titulares de la política migratoria de México.
La Fiscalía mexicana explicó que su actuar se da luego de determinar “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Esto, después de indicar que la función del INM es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional.
La FGR recordó que el 31 de marzo pasado, solo cuatro días después del incendio, también se dio otro incidente en un centro migratorio en Tenosique, Tabasco, al sur del país, dejando una persona muerta y 14 lesionados.
Asimismo, expuso que dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años señalar, “con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Es por ello, que la Fiscalía mexicana también indicó que se precederá penalmente en contra de los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que, dijo, “se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.
Por su parte, indicó que la asignación de la empresa privada encargada de la seguridad en los centros del INM se dio con base en contratos públicos asignados de forma directa, “omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servidos”.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, abundó la FGR.
En este sentido, la Fiscalía mexicana determinó que todos estos antecedentes muestran una “serie de conductas ilegales y omisas” que son “elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia”.
EFE
