El fiscal del Vaticano, Alessando Diddi, pidió este miércoles 7 años y 3 meses de reclusión para el cardenal italiano Angelo Becciu, quien ejerció entre 2011 y 2018 como número dos de la Secretaría de Estado vaticana, en el juicio en el que se le acusa de graves violaciones financieras que dañaron a la Santa Sede.
Para Becciu y los otros nueve imputados -funcionarios vaticanos, financieros e intermediarios– en este juicio sobre las irregularidades en la gestión de los fondos del Vaticano que comenzó hace dos años, Diddi pidió un total de 73 años y un mes de reclusión más penas de inhabilitación y resarcimientos.
Ahora el proceso, en el que por primera vez un cardenal se sienta en el banquillo, será suspendido por las vacaciones de verano y se reanudará el 27 de septiembre. El veredicto podría llegar antes de Navidad.
La tesis de la acusación presentada por el «promotor» (el fiscal de justicia vaticano) es que la Secretaría de Estado, en el momento en que Becciu era Sustituto de Asuntos Generales, es decir, el hombre clave de la burocracia vaticana, invirtió una cuantiosa suma en una operación altamente especulativa para la compra de un edificio en Londres y que creó un gran agujero de entre 139 y los 189 millones de euros en las arcas vaticanas.
En detalle, la pena que pidió el fiscal para Becciu fue de 7 años y 3 meses de cárcel, la inhabilitación para siempre de cualquier cargo en el Vaticano, aunque el papa ya le había suspendido de su cargo como prefecto de la Causa de los Santos y retirado los beneficios cardenalicios, y un resarcimiento a las partes civiles de 10.329 euros.
Los otros imputados, acusados diversos cargos: peculado, estafa agravada, extorsión y blanqueo de capitales, recibieron una petición de pena de entre tres y trece años de cárcel y entre 9.000 y 18.000 euros en resarcimientos.
Estos son el abogado suizo René Brülhart, anterior presidente la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, el sacerdote Mauro Carlino, exsecretario del cardenal; Tommaso Di Ruzza, exdirector de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano y Fabrizio Tirabassi, empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado.
Así como los corredores financieros y mediadores en la operación del edificio de Londres, acusados de lucrarse y estafar a la Santa Sede: Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Nicola Squillace.
Además, durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu como las donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación, vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.
Así como el pago de 575.000 euros a Cecilia Marogna, también imputada, una mujer a quien se contrató por presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana secuestrada en Malí.
El fiscal pidió para Marogna, que fue definida como «la dama del Cardenal», una pena de 4 años y 8 meses de reclusión y 10.329 euros de resarcimiento.
Durante el proceso, Becciu negó todas las acusaciones y su defensa afirmó que tanto Francisco como el secretario de Estado del Vaticano estaban al tanto de las diversas inversiones y transacciones financieras y las aprobaron, incluido el pago de 15 millones de euros a un corredor financiero con sede en Londres acusado de extorsionar al Vaticano.
Tras la petición de la pena, los abogados de Becciu aseguraron que «no refleja los resultados del proceso, en el que se ha demostrado la absoluta inocencia del cardenal en la operación de la compra del edificio de Londres. Solo el reconocimiento de la absolución plena reflejará lo que ha sucedido».
EFE
