La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó formalmente al expresidente filipino Rodrigo Duterte de tres cargos de crímenes de lesa humanidad, al afirmar que estuvo involucrado en el asesinato de 76 personas en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas, en un proceso que debía comenzar este martes pero que se ha visto aplazado.
«Duterte es responsable penalmente a título individual» de decenas de asesinatos como «coautor indirecto», indicó la CPI en una hoja de cargos redactada el pasado julio pero únicamente publicada en la noche del lunes.
La versión publicada ahora del escrito, cuyo original es un documento confidencial más completo enviado a los jueces en julio pasado, formaliza lo que hasta ahora eran alegaciones generales y concreta tres cargos específicos, y los vincula a un número determinado de víctimas y a periodos concretos.
La Fiscalía considera que el exdirigente es “plenamente responsable a título individual” de los crímenes que le imputa, por haber actuado como “coautor indirecto”, por “ordenar” o “inducir” la comisión de crímenes, y por “ayudar o instigar” a los autores materiales.
“Duterte tenía la intención de participar en la conducta imputada, e intentaba o era consciente de que serían cometidos crímenes violentos, incluidos asesinatos”, añadió la Fiscalía, que subrayó que el exdirigente filipino “era consciente de su posición de autoridad sobre los autores materiales de los crímenes”.
La Fiscalía sostiene que, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, Duterte operó primero a través del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y después mediante una red nacional de policías, agentes antidroga, funcionarios penitenciarios y sicarios reclutados para llevar a cabo ejecuciones.
El documento detalla tres cargos principales: los asesinatos de al menos 19 personas en Dávao durante su etapa como alcalde; los de 14 “objetivos de alto valor” acusados de narcotráfico en distintas partes del país al inicio de su presidencia; y otros 45 asesinatos e intentos de asesinato durante las operaciones de “limpieza de barangay”, en barrios y comunidades, entre 2016 y 2018.
El primer cargo contra el mandatario de 80 años de edad, argumentó la fiscal de la CPI Mame Mandiaye Niang, es el de haber ordenado la muerte de 19 personas entre 2013 y 2016 cuando todavía era alcalde de la ciudad sureña de Davao.
Fue en el bastión sureño que Duterte dirigió durante décadas donde puso a prueba su sangrienta guerra contra las drogas, que luego exportó a nivel nacional durante su mandato entre 2016 y 2022.
«Durante su periodo como alcalde, Duterte (…) y los anteriormente mencionados funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaron la Policía de la ciudad de Davao y otros sicarios para matar a supuestos criminales», indica el documento, sin hacer públicos los nombres de los colaboradores del expresidente.
Los otros dos cargos están relacionados con los asesinatos de 57 personas. En torno a un tercio de ellos fueron clasificados por la CPI como objetivos «de alto valor», algunos de los cuales aparecían en una lista que ofrecía incentivos monetarios a los policías responsables de su muerte.
Estos 57 asesinatos tuvieron lugar desde el inicio del mandato de Duterte en 2016 hasta 2019, cuando el expresidente sacó a Filipinas del Estatuto de Roma que gobierna la CPI por temor a ser enjuiciado.
«Duterte y sus coautores compartían un plan o acuerdo común para ‘neutralizar’ a los presuntos delincuentes en Filipinas (…) mediante delitos violentos, incluido el asesinato», afirmó la fiscalía de la CPI.
El tribunal internacional también afirmó que el exmandatario dirigía el llamado Escuadrón de la Muerte de Davao.
La CPI ordenó la detención del exmandatario filipino el pasado marzo, al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas, que durante su mandato (2016-2022) dejó 6.000 muertos según la Policía y unos 30.000 según ONG locales.
Entregado a la CPI el pasado 12 marzo en respuesta a una orden de arresto, Duterte compareció por primera vez ante los jueces dos días después, que fue cuando se fijó la audiencia de confirmación de cargos para este martes.
El pasado 8 de septiembre, sin embargo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó que el procedimiento debía retrasarse de manera limitada, después de que los abogados del exmandatario solicitaran un aplazamiento al alegar que no está en condiciones de ser juzgado.
Si finalmente se confirma que está en condiciones, el procedimiento podría reanudarse de inmediato, dado que la Fiscalía ya completó la presentación de pruebas y documentos.
EFE
