Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que actuaron en el juicio por el que la expresidenta argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, solicitaron este lunes a la Justicia que revoque el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a la exmandataria y que cumpla su condena en una unidad penitenciaria común.
Los fiscales realizaron una presentación ante la Cámara de Casación Penal, en la cual solicita que «se revoque el arresto domiciliario de Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria».
Luciani y Mola buscan impugnar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, del pasado 17 de junio, que dispuso la detención de la exmandataria bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de Buenos Aires.
Los fiscales sostuvieron que la medida debe ser revocada porque «no se verifican las causales que habilitan el acceso» a la prisión domiciliaria, en términos de seguridad y cumplimiento efectivo de la pena, tal como fue solicitado por la defensa.
Según argumentaron, el domicilio no garantiza condiciones mínimas de seguridad, tanto para la convivencia en el barrio como para la integridad de la propia condenada.
De no prosperar el pedido de revocatoria, los fiscales propusieron que al menos se disponga el cumplimiento de la prisión domiciliaria en un lugar distinto, que ofrezca garantías de seguridad adecuadas.
Además, solicitaron que se establezcan pautas de conducta más estrictas hasta que se defina la modalidad definitiva del cumplimiento de la pena.
Este pedido tiene lugar tras una polémica desatada tras la detención de la expresidenta en torno al uso de su balcón, desde donde saludó en numerosas ocasiones a los seguidores que se concentraron en las inmediaciones de la vivienda tras la entrada en vigor de su condena, y que finalmente sí podrá utilizar pero con «prudencia» para evitar «perturbar la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes», según dictaminó la Justicia.
Tras la solicitud de los fiscales, la Cámara de Casación Penal deberá resolver no solo este pedido, sino otros planteos pendientes vinculados a la ejecución de la condena de la exmandataria.
La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena en la causa conocida como ‘Vialidad’, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su ya difundo marido, Néstor Kirchner (2003-2007).
EFE
