Una coalición de fiscales de 14 estados de Estados Unidos demandó este jueves a la Administración de Donald Trump por el rol desempeñado por el magnate Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), de quien dicen que está sobrepasando la autoridad que le confiere la Constitución.
Su denuncia, presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, subraya que Musk, «como un elefante en una cacharrería, ejerce una enorme cantidad de poder ilegitimado sobre sistemas sensibles e importantes programas gubernamentales que son vitales para el estilo de vida estadounidense».
Los fiscales generales, de estados gobernados por los demócratas como Arizona, California, Míchigan, Minesota, Nevada, Vermont o Washington, alegan que Musk «ha desmantelado agencias federales, accedido a datos confidenciales y causado perturbaciones generalizadas en los gobiernos estatales y locales, así como en sistemas críticos en los que los estadounidenses dependen a diario».
«Al alterar miles de millones de dólares en fondos federales esenciales para la aplicación de la ley, la atención médica, la educación y otros servicios críticos, sus acciones perjudican a los estados», dijo en concreto el fiscal general de California, Rob Bonta.
Para los demandantes, no hay mayor amenaza para la democracia que la acumulación de poder estatal en manos de un único individuo no elegido.
El DOGE tiene como misión reducir el gasto y la democracia en el Ejecutivo federal. Con ese pretexto en estas tres semanas desde que Trump regresó al poder ha iniciado el desmantelamiento del aparato público, y entre otros puntos de los que se vanagloria asegura haber recortado unos 1.000 millones de dólares al cancelar contratos y programas que promovían la diversidad, inclusión y equidad.
Este martes Trump firmó una orden ejecutiva para reducir «significativamente» la plantilla de la Administración pública y otorgar más poder al departamento de Musk, al instruir a las agencias federales a colaborar con él. EFE
