El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) desató una polémica al justificar afirmaciones de campesinos y sindicalistas que le son leales sobre emprender una «lucha armada» en su país ante las «injusticias» y la desatención del Gobierno de Luis Arce a sus demandas.
Morales sostuvo el domingo, durante un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca, que le sorprendió escuchar «a compañeros dirigentes de sindicatos» que «con mucha valentía» hablaron de «hacerse respetar» en vez de enviar por escrito sus demandas al Gobierno, algo que, a su juicio, «va a crecer».
«No quisiéramos una lucha armada, para qué una lucha armada. Pero cuando no escucha el Estado colonial, obligado (el pueblo) se organiza», señaló.
El exmandatario recordó que en su momento «se levantaron en armas» políticos latinoamericanos como la expresidenta de Brasil Dilma Roussef, el nicaragüense Daniel Ortega y el uruguayo José Mujica, quienes fueron «guerrilleros y después presidentes».
El político mencionó la emboscada armada sufrida hace dos semanas por una patrulla de la Policía en la carretera entre las regiones andinas de Oruro y Potosí que se saldó con tres agentes heridos.
El Gobierno boliviano apuntó entonces a los sectores afines a Morales que ese día llegaron a La Paz tras caminar durante cuatro días por el Altiplano en rechazo a los problemas económicos y a una «persecución política» contra sus líderes.
Para Morales, la gente que disparó contra los agentes «se ha hecho respetar», aunque también dijo desconocer si efectivamente fueron sus seguidores quienes actuaron contra la Policía.
«La gente está levantándose sin que diga el dirigente, sin que sepamos. Es grave. Están empujando a esa situación», señaló el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Críticas y respuestas
Las declaraciones de Morales fueron criticadas este lunes por sectores afines al Gobierno de Luis Arce, del que el exmandatario está distanciado, y también por líderes opositores como el suspendido gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En sus redes sociales, Camacho consideró que las menciones de una «lucha armada contra el Estado» provienen «de personas o estructuras que están y que operan por fuera de la ley».
«Esta es una muestra más de lo nefasto que es el masismo (la militancia del MAS) para Bolivia, sea en la versión de Luis Arce o de Evo Morales. A la destrucción de la economía, a la ruptura de las instituciones y la democracia, a la gigantesca corrupción y el narcotráfico, hoy pretenden convertir a Bolivia en un campo de lucha armada y violencia», dijo.
El diputado oficialista Freddy López, que es afín a Morales, afirmó a los medios que «es el pueblo» y las organizaciones sociales» las que «se están organizando» porque «están cansadas de las persecuciones, de las amenazas, de la injusticia que hoy vive el país».
«Acá el pueblo se organiza cuando está afectado en sus intereses comunes y colectivos. La sublevación y la rebelión es un derecho de las organizaciones y el pueblo para defender a las futuras generaciones», agregó.
Ante las críticas, Morales escribió en la red social X que «jamás» llamó a una «lucha armada» e insistió en que son «compañeros de base» quienes la mencionaron «indignados por la criminalización de las protestas sociales, desconocimiento a dirigentes legítimos, gasificación de congresos orgánicos y toma de sedes sindicales con la policía».
«Yo no estoy de acuerdo. Me preocupan esas propuestas. Pero recuerdo que la creación del IPSP (el MAS) permitió elegir el camino de la paz y los instrumentos de la democracia», agregó.
No es la primera vez que Morales genera polémica con declaraciones de este tipo, pues en 2020, en una reunión con sus seguidores en Argentina señaló que «hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo», aunque luego se retractó.
Morales permanece desde octubre en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro del país, resguardado por sus sectores leales por una orden de captura en su contra dentro de una investigación por el delito de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. EFE
