Los casi cuatro millones de personas que esperan actualmente en el extranjero para recibir una visa estadounidense de reunificación familiar se exponen a «esperar años» si el Gobierno del presidente Donald Trump no implementa cambios en su política migratoria, advirtió este miércoles un estudio de la coalición Value Our Families.
El informe, titulado ‘Inmigración basada en la familia y el primer año de Trump 2.0’, concluye que las políticas implementadas tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump han «socavado» estructuras migratorias de larga data en Estados Unidos, incluido el sistema basado en la reunificación familiar».
La investigación, que utiliza datos federales de inmigración, encontró que las prohibiciones y restricciones de entrada que afectan a unos 44 países, entre ellos Cuba y Haití, han tenido un efecto perjudicial y directo en el sistema de inmigración basado en la familia.
Los solicitantes de otros 75 países, como Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, también resultaron afectados por otra medida distinta que ordenó la suspensión en la emisión de visas en enero pasado por la Administración de Donald Trump.
«La entrada de inmigrantes procedentes de ciertos países ha provocado, evidentemente, la separación de familias que, de otro modo, se habrían reunido a través del sistema de inmigración basado en la familia», indica el reporte de la coalición compuesta por cerca de 90 organizaciones de defensa de los inmigrantes.
Actualmente unos cuatro millones de extranjeros esperan una visa de inmigrante basados en una petición familiar, la clasificación por la que EE.UU. aprueba más tarjetas de residencia al año.
Para el año fiscal 2024, un 63 % del total de las 1,3 millones de visas de inmigrantes aprobadas se otorgaron a solicitantes de reunificación familiar.
Alrededor de 669.000 tarjetas de residencia permanente se otorgaron a los llamados ‘familiares inmediatos’, definidos como cónyuges, hijos menores solteros y padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.
El estudio también explica cómo la campaña de deportaciones masivas dentro de EE.UU. también ha golpeado las solicitudes de petición familiar, al implantar «miedo» entre los posibles peticionarios a ser detenidos y expulsados, incluso si están protegidos por un amparo.
Es el caso de la mexicana María de Jesús Estrada Juárez, de 42 años, deportada el pasado 19 de febrero, apenas 24 horas después de ser arrestada al presentarse a una cita de inmigración para ajustar su estatus como madre de una ciudadana estadounidense, y a pesar de estar protegida por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
Los efectos de estos «ataques» a la reunificación familiar «se sentirán durante los años venideros», advirtió en un comunicado Martin Kim, director de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes en Asian Americans Advancing Justice (AAJC).
Para Becky Belcore, codirectora de NAKASEC, los ataques antiinmigrantes de la actual administración «infligen también un daño incalculable» a individuos, familias y comunidades enteras, por lo que es importante que el Congreso actúe para mitigar daños mayores, así como para mejorar y ampliar las vías existentes de reunificación familiar. EFE
