La Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV), entidad de trabajadores reconocida en la Santa Sede, denunció este miércoles que sus salarios están congelados desde 2008 y pidió una mejora de sus condiciones, a pocos días de que se celebre el cónclave para elegir al nuevo papa.
«Con una base salarial que se ha mantenido invariable desde 2008, el poder adquisitivo de los empleados vaticanos ha disminuido», alertó la asociación en un comunicado en vísperas del Primero de Mayo, día de los trabajadores, y en período de Sede Vacante en el Vaticano, la transición entre la muerte de un papa y la elección de su sucesor.
Según la ADLV, a la falta de incrementos salariales se suma «el aumento de las cargas de trabajo», así como «mecanismos no siempre meritocráticos» para las bonificaciones o promociones.
Por ello pide sistemas «más objetivos y transparentes» para «una verificación periódica y objetiva de las competencias de los trabajadores» que sea «demostrable».
Asimismo, asegura que sus trabajadores están sujetos a «regulaciones obsoletas» que «ponen de relieve una visión del mundo del trabajo que ya no está actualizada», y considera que «ha llegado el momento» de establecer un diálogo entre partes sobre todo ello.
La ADLV insta asimismo a «la inclusión de personas con discapacidad» en las estructuras laborales del Vaticano, en el camino hacia «la protección de los más vulnerables».
«Es hora de que el Vaticano también tome medidas para incluir a estas ‘personas especiales’ en sus organizaciones, porque la discapacidad no puede equipararse a la incapacidad para trabajar», asegura.
A su vez, la ADLV pide «la protección para las familias» y que se proporcione «una prestación a todos los hogares con niños». Esto, asegura, incluye «mejorar el sistema sanitario interno, ofreciendo más servicios y posibilidades de tratamiento».
«El gasto sanitario privado está creciendo incluso entre los empleados del Vaticano», advierte la ADLV, que remarca que «quedan muchas batallas por librar».
Los empleados de la Santa Sede están sujetos a las normas del Estado vaticano, según un ordenamiento laboral y sistema de seguridad social propios.
EFE
