De su servicio militar, Ruslan Shaveddinov guarda un recuerdo amargo. Durante un año, el opositor ruso estuvo obligado a servir en el archipiélago de Nueva Zembla, en el Ártico, en medio de los osos polares.
“Me enviaron lo más lejos posible”, resume Shaveddinov, un militante próximo a Alexéi Navalny, cuyo envenenamiento y posterior encarcelación derivaron en una crisis entre Moscú y Occidente.
Lo único positivo que se lleva de la experiencia es que, durante esos meses, aprendió a no temer a los osos que merodeaban alrededor del puesto en el que estaba destinado junto a otros cuatro soldados, aislado de todo y únicamente accesible por helicóptero. “Un oso me persiguió una vez. Al final, no era agresivo porque le daba de comer”, explica Shaveddinov, de 25 años.
En Rusia, más de 250.000 hombres de 18 a 27 años hacen cada año el servicio militar, que desde 2008 dura un año (antes duraba dos). Gracias a esto, las novatadas se redujeron aunque la violencia persiste.
Muchos rusos consiguen evitarlo por razones médicas o porque están estudiando, pero también haciendo caso omiso a las convocatorias o con sobornos. Para los opositores, en cambio, librarse del servicio militar suele ser bastante más complicado.
El gobierno se aprovecha del reclutamiento para hacerlos callar, afirman los opositores.
“Un castigo sin delito”
Ruslan Shaveddinov fue sometido a presiones y a dos allanamientos a finales de 2019, cuando su equipo acababa de coordinar unas manifestaciones en Moscú y estaba ultimando una estrategia para hacer frente al partido del presidente, Vladimir Putin, en las elecciones locales.
Fue entonces cuando fue movilizado al ejército, a pesar, según dice, de las “contraindicaciones médicas”. Shaveddinov recurrió al llamado a filas pero todas sus apelaciones fueron rechazadas. El 23 de diciembre de 2019, unos policías forzaron la puerta de su apartamento y se lo llevaron, esposado, hacia el Gran Norte.
“No me imaginaba que Rusia retomaría su práctica de enviar al exilio a personalidades políticas”, señala. El poder quiere “meterle miedo” a la juventud, agrega.
Durante su servicio nunca tuvo acceso a un celular y tuvo que comunicarse con sus familiares a través de letras manuscritas que tardaban semanas en llegar.
Es uno de los tres colaboradores de Alexéi Navalny que han sido enrolados contra su voluntad en los últimos cinco años. Otros cuatro fueron procesados por “faltar” a sus obligaciones militares.
Oleg Kozlovski, un activista por los derechos humanos de 36 años, fue alistado en 2007, a pesar de que contaba con un justificante médico y de que, de todos modos, estaba exento porque era estudiante.
“Mi caso fue un precedente peligroso. Ahora, esos métodos se están utilizando sin descanso”, lamenta Kozlovski, que trabaja para Amnistía Internacional.
“Es un castigo sin delito, un medio de aislar”, agrega el activista, apuntando que las autoridades recurren a ello cuando “fabricar procesos judiciales o encontrar motivos reales es difícil o imposible”.
Según él, los casos de militantes conocidos enviados al ejército son solo la “punta del iceberg”. En paralelo, las autoridades suelen comprobar la situación militar de los manifestantes que arrestan.
En 2019, los investigadores rusos identificaron “134 casos” de personas que no habían hecho el servicio militar entre manifestantes detenidos en Moscú. En enero y febrero se ordenaron controles parecidos tras concentraciones pro-Navalny.
Preguntado al respecto, el Ministerio ruso de Defensa declinó responder a la AFP.
