El Gobierno de Bolivia denunció este jueves un «plan macabro» supuestamente diseñado por el exmandatario Evo Morales (2006-2019) para «romper el orden constitucional» mediante las protestas de los sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que presuntamente está «financiado» por el narcotráfico.
«Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar (…) Nuestra lucha es contra esos poderes, principados y potestades del mal que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza», dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa.
Según Gálvez, este plan para sacar de la Presidencia a Paz, que lleva seis meses en el Gobierno, fue «pensado, financiado y operado» desde el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales en el centro del país, que también es una de las principales zonas productoras de la hoja de coca.
El vocero mencionó que el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el senador suplente Nilton Condori y otros representantes sociales hicieron el lunes un «pacto» para no dialogar con el Gobierno y plantear que la única salida para el cese de los reclamos es «romper la democracia».
Los campesinos del altiplano de La Paz bloquean caminos desde hace nueve días para exigir la renuncia de Paz en oposición a sus medidas económicas, pedido que es respaldado por la COB, pese a que inicialmente los reclamos de la entidad sindical incluían un incremento salarial del 20 %.
Esta jornada, Argollo sostuvo que «el pedido único» que tiene la COB es «la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país».
El portavoz de la Presidencia señaló a los líderes de los bloqueos y las marchas de supuestamente haber recibido un «financiamiento oscuro» e insistió en que el narcotráfico «está detrás de estos dirigentes» y sus movilizaciones.
«Bolivia enfrenta uno de sus más grandes desafíos históricos: eliminar definitivamente los tentáculos del narcotráfico y sus redes criminales internacionales que han sido cobijadas por los anteriores gobiernos», apuntó Gálvez.
Asimismo, el vocero indicó que esta jornada se reportó un tercer fallecimiento de una persona que no pudo recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos de caminos y sostuvo que las tres muertes registradas en esas circunstancias hasta el momento «son nuevas víctimas de Evo Morales y el narcotráfico».
Gálvez mencionó que el Gobierno seguirá dialogando con los sectores «que tengan demandas legítimas», pero que también será firme en «proteger la democracia».
Añadió que «quienes conspiran contra la democracia, quienes pacten con el narcotráfico tendrán que asumir las consecuencias de sus decisiones ante la Justicia».
Además de los bloqueos de los campesinos, esta jornada los mineros cooperativistas, que piden explosivos y nuevas áreas de trabajo, y los maestros rurales, que exigen un incremento salarial y se oponen a la descentralización de la educación, realizaron movilizaciones que terminaron en enfrentamientos contra la Policía en La Paz. EFE
