El Gobierno argentino acatará la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia (CJSN) que obliga al Ejecutivo nacional a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunció este lunes el presidente del país, Alberto Fernández.
«Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer», aseguró el mandatario en un extenso hilo de Twitter.
El pasado miércoles, la Corte Suprema dictó por unanimidad una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a restituir a Buenos Aires el 2,95 % de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32 % actual, por lo que la ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.
La controversia se originó en 2020, cuando el Gobierno de Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
Tras recibir la notificación formal de esta resolución judicial, el presidente instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para transferir a una cuenta del Banco Nación los «únicos recursos disponibles» para cumplir con la cautelar: una serie de bonos del Tesoro de los que podrá disponer el Gobierno porteño durante los próximos tres meses.
«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», advirtió Fernández, recordando que estos bonos ya fueron aceptados por la Corte Suprema en el pago de la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe.
El presidente también instruyó al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para cumplir este mandato judicial, siempre y cuando salvaguarde el sistema judicial vigente, no afecte a los derechos del resto de provincias y compense las pérdidas derivadas de esta cautelar.
Con información de EFE
