Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero.
Según un comunicado de prensa publicado este miércoles, se trata de un exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano, quienes están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para «lavar» esos sobornos.
Detallan los documentos judiciales que Arturo Carlos Murillo Prijic (57), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48), participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020.
Durante ese momento, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron 602,000 dólares en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, el exministro de Gobierno de Bolivia; Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro funcionario del gobierno.
Agregan que los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida para que obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales.
Para promover el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld luego lavaron los pagos a funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia y organizaron el pago de 582,000 dólares en efectivo para Murillo y Méndez.
Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EEUU y otros factores legales.
El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; El Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González; y el agente especial a cargo Anthony Salisbury de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami hicieron el anuncio.
La abogada litigante Jil Simon y el subdirector Gerald M. Moody Jr. de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Eli S. Rubin de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. El fiscal federal adjunto Marx P. Calderón está manejando el decomiso de activos.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
Los cargos en la demanda son acusaciones, y los acusados ??se presumen inocentes a menos que y hasta que se pruebe su culpabilidad.
