Estados Unidos lamentó este sábado que los iraníes no pudieron participar de “un proceso electoral libre y limpio” en las elecciones presidenciales. “Hemos visto que el ministro iraní de Interior ha anunciado la victoria de Ebrahim Raisí como ganador de las elecciones que ocurrieron el viernes, pero también tomamos nota de que a los iraníes se les negó su derecho a elegir a sus propios líderes en un proceso electoral libre y justo”, manifestó un portavoz del Departamento de Estado.
Raisi, que figura en la lista negra de responsables iraníes sancionados por Washington por “complicidad en graves violaciones de los derechos humanos”, era archifavorito para esta elecciones ante la falta de competencia real tras la descalificación de sus principales adversarios.
El ultraconservador ganó la elección presidencial iraní con 62,2% de los votos, resultados que lo convertirían en el sucesor de Hasan Rohani sin necesidad de una segunda vuelta, tal como aceptaron sus propios rivales. La participación no alcanzó el 50%, una de las más bajas de su historia.
Muchos votantes optaron por mantenerse al margen después de que la lista de unos 600 aspirantes, entre los que había 40 mujeres, se redujera a siete candidatos, todos ellos hombres, excluyendo a un ex presidente y a un ex presidente del Parlamento. Tres de los candidatos preseleccionados abandonaron dos días antes de la votación del viernes.
Tras la elección, La ONG humanitaria Amnistía Internacional ha solicitado una investigación por crímenes contra la Humanidad contra el presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, al que acusa de participar en el asesinato, la desaparición forzada y la tortura a disidentes políticos durante su rol en la llamada “comisión de la muerte” durante finales de la década de los 80.
Concretamente, Amnistía denuncia que Raisi participó en un programa de ejecuciones extrajudiciales contra miles de opositores políticos en las cárceles de Evin y Gohardasht, cerca de Teherán, en 1988, cuando el futuro mandatario y jefe de la Judicatura iraní se desempeñaba como fiscal adjunto de la capital iraní.
Ya como máximo responsable del poder Judicial iraní, Raisi ha presidido, según Amnistía, “una creciente represión de los Derechos Humanos que ha provocado la detención arbitraria de cientos de disidentes pacíficos, defensores de los derechos humanos y miembros de grupos minoritarios perseguidos”.
Asimismo, y bajo su supervisión, el poder judicial también ha otorgado “impunidad general” a los responsables de ejecutar a cientos de hombres, mujeres y niños y someter a miles de manifestantes a arrestos masivos y al menos a cientos a desapariciones forzadas, torturas y otros males durante y después de las protestas a nivel nacional de noviembre de 2019, acusa la organización.
