La Justicia peruana dictó 18 meses de prisión preventiva para un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad venezolana, acusados de forzar a siete menores a ejercer la prostitución con internos en una cárcel próxima a Lima, informó este miércoles la Fiscalía.
El fiscal provincial penal José Antonio Silva sustentó los elementos de convicción de la presunta comisión del delito de «trata de personas en la modalidad de explotación sexual» en contra de Kelvin Almarza y Fannyber Pérez por haber retenido a las adolescentes, también de nacionalidad venezolana.
El fiscal explicó que la finalidad de Almarza y Pérez era llevarlas al penal de Carquín, en Huacho (localidad próxima a Lima), para prostituirlas con los internos, haciéndolas pasar por sus parejas y con documentos falsos como adultas.
Esta red de trata de personas fue desarticulada por la Policía Nacional y la Fiscalía al intervenir el prostíbulo El Rosal en la ciudad de Huaral, donde se detuvo a siete personas entre las que figuran Almarza y Pérez.
Encontraron a las menores de edad con sellos en los antebrazos, como los que colocan al ingresar al penal de Huacho, según reveló el programa periodístico Domingo al Día.
A raíz del ingreso irregular de las menores a la cárcel, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) separó de su cargo a tres trabajadores que permitieron esas visitas y les iniciaron un proceso administrativo sancionador.
Asimismo, los tres internos de la cárcel que recibieron las visitas de las menores fueron separados preventivamente y se les abrió una investigación disciplinaria.
El coronel Manuel Díaz Barco, de la División Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, declaró en el reportaje que encontraron a las menores y una joven de 19 años durante la intervención de un inmueble atribuido a esa mafia.
«Se advierte que las menores presentaban sellos en los antebrazos de registros de los ingresos al penal. Se determina en la investigación que dos veces por semana eran conducidas al penal para ser explotadas sexualmente», explicó Díaz.
En el operativo, la Policía detuvo a Fannyber Pérez y Kelvin Almarza que era el encargado de llevar a las adolescentes y otras mujeres a diversos hospedajes.
Conocida esta denuncia, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la atención integral de las víctimas y una «inmediata revisión de protocolos y prácticas de ingreso a penales del país». EFE
