La dictadura nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este viernes las personalidades jurídicas de otras 17 ONG, incluida la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
La ilegalización de esas 17 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), todas nicaragüenses, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.
Con el cierre de esas 17 ONG suman 3.223 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En el caso de Asobanp, integrada por el Banco de la Producción (Banpro), Banco de América Central (BAC), Banco Ficohsa Nicaragua (FICOHSA), Banco de Finanzas (BDF), Banco Lafise Bancentro y Banco Avanz, y que funcionaba desde junio de 1994, fue ilegalizada, según Gobernación, por no haber reportado sus estados financieros en el período de 2020 a 2021, y por tener su junta directiva vencida desde abril de 2020.
En uno de sus últimos pronunciamientos, Asobanp rechazó una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional.
Esa norma prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, excepto cuando se trate de narcotráfico, crimen organizado, blanqueo de capitales y combate a la financiación de armas de destrucción masiva.
La Asobanp advirtió entonces que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
La banca que opera en Nicaragua, que trabaja con bancos corresponsales en el exterior, ha cerrado las cuentas de aquellas personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
En general, el Ministerio de Gobernación argumentó que cerró las 17 ONG por no haber reportado por períodos de entre 2 hasta 27 años sus estados financieros, ni sus juntas directivas.
Entre las ONG afectadas se encuentran la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios, Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica Nuevas Esperanzas, Asociación Desmovilizados del Servicio Militar Patriótico de Nicaragua Esperanza y Reconciliación, Asociación de Jubilados del Departamento de León, Asociación de Comerciantes del Mercado Central, y Asociación Fondo Histórico Documental de la Música Nicaragüense.
EFE
