El Parlamento unicameral de la dictadura cubana, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), aprobó este domingo, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal que prevé, entre otros asuntos, sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios.
Los diputados aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes los dictadores Miguel-Díaz Canel y Raúl Castro.
Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente.
El nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones producidas en grupos o individualmente”.
Además, tipifica como delitos de “sedición” a quienes se manifiesten o realicen acciones de “desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; o difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado Cubano”.
Penaliza la participación en “actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”
También prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
La norma incrementa la pena a hasta 30 años de cárcel en los delitos de espionaje y el intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero.
Apenas fue publicado como proyecto en el sitio de la Fiscalía General en marzo pasado, el texto despertó rechazo entre la disidencia al gobierno comunista.
“El nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos”, dijo a la agencia AFP René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, la organización más antigua de abogados opositores cubanos.
Esta legislación llega luego de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio pasados en Cuba, las mayores en 60 años, que dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, muchos de los cuales han sido condenados a penas hasta de 30 años.
