El ex presidente del Ejecutivo de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido en la isla italiana de Cerdeña en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad locales pero impulsado por un pedido de captura emitido por el juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena.
La detención de Puigdemont ocurre pocos días después de que el Gobierno español y el Ejecutivo regional de Cataluña iniciaran en Barcelona un proceso de diálogo para tratar de superar las posturas políticas alejadas que ambos mantienen a raíz del proceso secesionista catalán, en medio de una división interna en el bloque independentista.
Este diálogo se produce después de años de desencuentros y tensión debido a las demandas secesionistas, cuyo momento álgido se produjo en el otoño de 2017, tras la celebración de un referéndum que fue declarado inconstitucional el 1 de octubre y una posterior declaración de independencia, aprobada por el Parlamento catalán el 27 del mismo mes.
Estos hechos supusieron la suspensión temporal del ejecutivo catalán (Generalitat), el procesamiento y posterior condena de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas, recientemente indultados, así como la huida del entonces presidente catalán, Puigdemont y otros miembros de su ejecutivo para eludir la acción de la Justicia.
La llegada al Gobierno español de los socialistas, en coalición con el grupo de izquierda Unidas Podemos, y la de Pere Aragonès (ERC) al Ejecutivo catalán supuso el inicio de los primeros contactos para reducir la tensión.
Además se da la circunstancia de que ERC es uno de los grupos parlamentarios que apoyan regularmente al Gobierno español en el Congreso, donde los diputados de la coalición gubernamental no tiene mayoría.
