La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció este martes «los casi siete meses de desaparición forzada» del coronel retirado nicaragüense Víctor Boitano, crítico con el régimen de Daniel Ortega, un acto que, advirtió, «constituye un delito de lesa humanidad».
«El 23 de abril de 2024, Boitano, de 63 años, fue secuestrado por grupos vestidos de civil que invadieron su propiedad ubicada en el barrio Altamira, de Managua», indicó en una declaración ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.
Esa ONG recordó que Boitano, al ser enviado a retiro por el Ejército de Nicaragua, en 2007, publicó varios libros con críticas al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), «por lo que fue víctima de persecución, detención arbitraria en 2011 y de ser obligado a apartarse de la vida política».
Explicó que el militar retirado viajó a Italia el 13 de mayo de 2018, y volvió a Nicaragua en septiembre de 2023 a través de la frontera de Peñas Blancas que comparte con Costa Rica.
«Inicialmente no encontró inconvenientes al renovar su cédula de identidad y licencia de conducir. Sin embargo, tras gestionar la renovación de su pasaporte, fue arrestado sin importar que padece diabetes, hipertensión y delirio de persecución. Desde entonces se desconoce su paradero», señaló.
Según esa ONG, los familiares de Boitano se presentaron a sus oficinas en Costa Rica «para denunciar su desaparición y explicar que realizaron al menos 16 gestiones» ante la Dirección de Auxilio Judicial, la cárcel ‘La Modelo’ y hasta solicitaron una audiencia con el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, «sin embargo, no recibieron respuesta».
Los casos de desaparición forzada
«La desaparición forzada es una grave violación de los derechos humanos y un crimen que no debe quedar impune, lo cual según el Estatuto de Roma es la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado, siendo un crimen de lesa humanidad», anotó el Colectivo.
Ese organismo dijo que, ante la falta de respuesta del Estado, ha procedido a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad de Boitano.
Observó, además, que en Nicaragua actualmente hay al menos 46 personas presas políticas, muchas de las cuales también están en situación de desaparición forzada como el caso del diputado Brooklyn Rivera, el dirigente indígena Stedman Fagot o la periodista Fabiola Tercero, de quienes las autoridades no han dado ninguna información.
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con las víctimas y sus familias, y para que presione al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», instó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
Con información de EFE
