La delegación del Gobierno de negociación con el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, denunció este domingo amenazas contra uno de sus negociadores, Carlos Murgas, por parte de supuestos miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Grupos que dicen representar al ELN en el Catatumbo han solicitado cifras de dinero a las plantas extractoras de palma del doctor Murgas, afectando gravemente su vida personal, familiar y empresarial», se lee en la carta enviada por la delegación al consejero comisionado de paz, Otty Patiño.
Los firmantes citan de «inaceptable» ese tipo de «conductas delictivas» contra la población civil, pero sobre todo contra miembros de la mesa de paz.
Y le piden a Patiño que gestione con la mesa de paz con el ELN para «que se detengan de manera inmediata este tipo de conductas».
El Gobierno tiene abiertas tres negociaciones con grupos armados: las más avanzadas son las del ELN y las últimas en ser inauguradas han sido las de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.
La tercera es con el EMC, de cuya mesa se ha salido ya más de la mitad de esta disidencia, que se encuentra escindida entre un grupo beligerante que ha incrementado los ataques contra la población civil y fuerzas de seguridad, y otros tres bloques.
Esto porque un mes antes el cese al fuego bilateral se rompió en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño por la violencia de ese grupo armado contra indígenas y contra la fuerza pública.
El grupo negociador está conformado por los bloques Jorge Suárez Briceño, que opera en el centro y sur del país, y Magdalena Medio, que está en los departamentos Antioquia, Norte de Santander y Bolívar, y el frente Raúl Reyes, en Caquetá y Putumayo (sur).
Se calcula que el 40% de los 4.500 miembros del EMC se mantienen en la mesa de negociaciones.
