El equipo legal que defendió este miércoles ante el Supremo la validez del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de haitianos y sirios en Estados Unidos, acusó al Gobierno de Donald Trump de discriminación en una audiencia donde la mayoría conservadora del tribunal pareció alinearse con la Administración.
En la cita, demorada por la lectura de opiniones en un dictamen separado sobre la legalidad de un nuevo mapa electoral en Luisiana, el abogado Geoffrey Pipoly advirtió que mientras busca deportar a personas procedentes de «países de mayoría no blanca», EE.UU. concede asilo a granjeros sudafricanos blancos.
Durante sus argumentos a favor de los aproximadamente 350.000 haitianos con TPS, Pipoly calificó de «farsa» las razones para terminar el programa dadas por el Gobierno, que el año pasado calificó al programa de «contrario al interés nacional» y afirmó que los inmigrantes podían retornar a sus países de manera segura.
El procurador general John Sauer defendió la posición de la Administración y enfrentó duras preguntas de las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, quienes afirmaron no entender cómo las declaraciones de Trump sobre que los inmigrantes «envenenando la sangre de EE.UU.» no constituyen una intención discriminatoria.
Jackson por su parte insistió en que cuando Trump afirmó que los haitianos provienen de un país «sucio, inmundo y repugnante» se demuestra una animosidad racial.
El centro de la querella, sin embargo, es la potestad del Departamento de Seguridad Nacional de terminar el amparo migratorio sin consultar con otras agencias antes de hacerlo.
En sus preguntas al procurador general, las juezas Jackson y Sotomayor abordaron los argumentos planteados por expertos jurídicos que sostienen que el Congreso creó el TPS en 1990 para establecer un proceso de asistencia humanitaria, en lugar de dejar estas decisiones a la Administración de turno.
La mayoría conservadora del tribunal no se enfocó, sin embargo, en si el Gobierno de Trump violó la ley al liquidar el programa, sino que se centró casi exclusivamente en si un tribunal federal puede revisar tales decisiones.
Dos de los jueces conservadores, Samuel Alito Jr. y Neil Gorsuch, no formularon preguntas a Sauer, lo que sugiere que estarían satisfechos con los argumentos de la Administración.
El conservador Brett Kavanaugh señaló por su parte que la situación en Siria es distinta a la que existía cuando se aprobó el TPS para ese país. Unos 6.100 sirios podrían verse en peligro de deportación de terminarse ese alivio.
Actualmente, EE.UU. tiene alrededor de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países cobijados por el TPS y el Gobierno de Trump ha echado abajo a un gran número de los amparos, entre ellos los de los venezolanos, que también mantienen una batalla legal en curso.
Se espera que la Corte emita una decisión en junio próximo. EFE
