La Corte Suprema de Brasil aceptó este sábado, por unanimidad, una denuncia por «coacción a la justicia» contra el diputado Eduardo Bolsonaro, vinculada a sanciones que Estados Unidos le impuso al país, en el marco del proceso en que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años.
La Primera Sala del tribunal ya tenía la mayoría de tres votos a favor de acoger la denuncia, una posición respaldada este sábado por la jueza Carmen Lucia Antunes, que le dio carácter unánime a la decisión.
La acusación fue presentada por la Fiscalía General y sostiene que el hijo del líder de la extrema derecha intentó interferir en el juicio contra su padre, mediante gestiones que realizó en Washington para que el Gobierno de Estados Unidos le impusiera sanciones a autoridades brasileñas y al propio país.
De hecho, el presidente Donald Trump justificó los aranceles del 50 % que aplicó a gran parte de las exportaciones brasileñas con su malestar por el proceso penal al que fue sometido Jair Bolsonaro.
También por ese motivo, EE.UU. revocó los visados de algunos jueces de la Corte Suprema, de varios ministros y altos funcionarios del Gobierno brasileño, e impuso sanciones financieras al juez Alexandre De Moraes, relator de los procesos contra Bolsonaro y su hijo.
Eduardo Bolsonaro está en EE.UU. desde marzo pasado, se dice «en el exilio» y, según la acusación, incurrió en el delito de coacción a la Justicia, que «consiste en el uso de violencia o grave amenaza para favorecer intereses propios o de terceros contra la autoridad, parte o cualquier persona llamada a intervenir en un proceso judicial».
El hijo del expresidente tiene desde hace años unas excelentes relaciones con los círculos de la ultraderecha de Washington y es un activo promotor de las Conferencias de Acción Política Conservadora (CPAC), que incluso ha organizado en el propio Brasil.
Jair Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para intentar impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en las urnas en octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección.
La Primera Sala del Supremo, en la que cursa también ese proceso, rechazó la semana pasada las apelaciones presentadas por la defensa del líder de la ultraderecha, quien se presume que deberá comenzar a cumplir la condena a fines de este mismo mes.
El exmandatario se encuentra desde agosto pasado en prisión domiciliaria, por haber incumplido diversas medidas cautelares impuestas por el tribunal en el marco del proceso.
EFE
