El conflicto armado afectó a más de 80.000 personas en Colombia durante el primer semestre de 2026 entre desplazamientos forzados y confinamientos, según un informe divulgado este jueves por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la persistencia de la crisis humanitaria en varias regiones del país.
Entre enero y junio la entidad documentó 83 situaciones de desplazamiento forzado masivo, que dejaron 15.960 personas afectadas, y 44 situaciones de confinamiento que restringieron la movilidad de otras 64.787, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y Cauca y Nariño, en el suroeste.
La Defensoría atribuyó estas emergencias principalmente a amenazas, combates, ataques con drones, actos terroristas y enfrentamientos entre grupos armados, fenómenos que, según el informe, continúan afectando de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en distintas regiones del país.
El organismo advirtió que estas dinámicas muestran que «la crisis humanitaria continúa profundizándose en los territorios más afectados por el conflicto armado» y pidió fortalecer las medidas de prevención y protección para las comunidades expuestas a la violencia.
Hace dos meses, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, sigla en inglés), que hace parte del Consejo Noruego para Refugiados, situó a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos por conflictos, con 7,2 millones de personas al cierre de 2025, solo por detrás de Sudán.
Niños migrantes
La Defensoría también reveló que 10.936 niñas, niños y adolescentes realizaron una tránsito irregular por Colombia en el primer semestre de este año, lo que representa el 21,1 % de los 51.938 migrantes registrados en ese periodo.
Según el informe, el flujo migratorio irregular disminuyó un 38,2 % frente al mismo semestre de 2025 y el 98,8 % de las personas en tránsito eran de nacionalidad venezolana.
La entidad atribuyó esa reducción al endurecimiento de las políticas migratorias en los países del norte del continente, que han desincentivado el tránsito por Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos.
La Defensoría insistió en la necesidad de fortalecer las rutas de protección para la población desplazada y migrante, con especial atención a la niñez, las comunidades étnicas y las personas expuestas a riesgos por el conflicto armado, e instó a las autoridades a coordinar respuestas humanitarias oportunas en las zonas más afectadas. EFE
