Un tribunal de La Habana sentenció con penas que van desde los cuatro años de “libertad limitada” hasta los 13 años de cárcel a 15 manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores protestas en décadas.
De acuerdo con el fallo, fechado el 23 de enero y al que tuvo acceso este miércoles EFE, el Tribunal Provincial Popular de La Habana los condenó por «sedición», pero dictando penas en su mayoría menores a las solicitadas por la Fiscalía.
La sentencia -que no es firme y por tanto aún puede ser recurrida- se corresponde con un juicio realizado en noviembre pasado y que provocó una gran atención mediática dentro de la isla.
Entre los juzgados se encontraba Jonathan Torres, un joven que al momento de los hechos tenía 17 años (el único menor en este proceso). La edad penal mínima en Cuba son los 16.
Él es uno de las 55 personas entre 16 y 17 años que se ha enfrentado a un proceso penal por los hechos del 11J, según ha confirmado la Fiscalía General de Cuba.
En el caso de Torres, el tribunal le condenó a una pena de cuatro años de “limitación de libertad” (cuando la fiscalía pedía cinco). Esto quiere decir que no ingresará en prisión, pero que tendrá sus movimientos controlados por un juez.
De igual manera, hay tres sancionados con trabajo correccional sin internamiento y otros tres con internamiento.
En declaraciones a EFE, Orlando Ramírez, esposo de la madre de Torres, calificó el proceso como un “show” y, aunque consideró como una “victoria” el fallo, añadió que “realmente (el juicio contra su hijastro) es un error porque él no hizo nada”.
En total, se dictaron 75 años acumulados de prisión para los manifestantes.
El tribunal consideró como hechos probados que los condenados se movilizaron en el habanero municipio de Arroyo Naranjo con “el propósito de generar la desestabilización del orden social y político establecido en la República de Cuba”.
Además los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra el dictador, Miguel Díaz-Canel.
Sin embargo, de acuerdo con el escrito, al menos tres de los acusados negaron haber estado presentes durante los hechos.
Dos de las madres de los acusados fueron llamadas a declarar pero declinaron.