El gobierno de Colombia ordenó a su embajador en Nicaragua regresar inmediatamente a su país, luego de que el régimen de Daniel Ortega acusará a la nación neogranadina de narcoestado.
Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia pidió a su embajador Alfredo Rangel regresar al país, argumentando que las declaraciones de Ortega el pasado 21 de febrero afecta “el honor de la nación”.
A continuación el comunicado completo:
Ante las declaraciones realizadas por Daniel Ortega de Nicaragua, en contra del Estado colombiano y de todo el país, nuestro Gobierno ordenó en el día de ayer al embajador Alfredo Rangel, presentar una nota de protesta ante la Cancillería nicaragüense, rechazando contundentemente esta nueva ofensa al honor de nuestra Nación, y le solicitó regresar de inmediato al país.
El pueblo colombiano no solamente es víctima del narcotráfico que crece incesantemente por la demanda internacional de drogas, sino que ha sufrido por las distintas amenazas a la seguridad nacional, alimentadas sobre todo por los dineros provenientes de esa actividad ilícita, que desafortunadamente se apoya en las dictaduras que se han ido entronizado en nuestra región.
Colombia es un país que siempre ha defendido el valor de la democracia, el Estado de Derecho, las libertades y los derechos humanos, así como el fortalecimiento y la estabilidad institucional. Por esa razón, rechazamos estas declaraciones que infructuosamente buscan distraer la atención de la comunidad internacional sobre la crítica situación de derechos humanos y las múltiples violaciones que sufren los ciudadanos nicaragüenses, los partidos políticos y los opositores al régimen de Ortega, de las cuales es testigo el mundo entero. La comunidad internacional bien conoce que, quienes se han opuesto de manera abierta al régimen, durante el último año, han terminado en la cárcel por el sólo hecho de querer presentarse como una opción legítima y democrática.
El poder en Nicaragua está en manos de un régimen que no cuenta con legitimidad ni reconocimiento de la comunidad internacional, precisamente, por las múltiples violaciones a los derechos y a la libre determinación política del pueblo nicaragüense.
