El Gobierno colombiano ordenó este jueves la militarización de la ciudad de Cúcuta, ubicada en la frontera con Venezuela, tras el asesinato a tiros de un político que aspiraba a la alcaldía local y el estallido de un artefacto explosivo que dejó seis heridos en menos de una semana.
«He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal, mientras estabilizamos el orden público», aseguró el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en una declaración a los medios.
El mandatario sostuvo que no «permitirá que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias» en el departamento de Norte de Santander y en su capital, Cúcuta, por lo que emitió varias medidas para contrarrestar la violencia.
De acuerdo con la información, el Ejército aumentará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía «para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar a los grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona».
Como segunda medida, De la Espriella indicó que desde el martes 3 de noviembre comenzará a funcionar la operación militar y policial Esparta y un bloque de seguridad en Cúcuta.
«Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las financias criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población», enfatizó.
Además, como tercer y cuatro punto, ordenó mantener otras operaciones de control territorial y anunció que visitará la ciudad la siguiente semana para evaluar los avances. «No vamos a permitir que en una región que ayudó a construir nuestras instituciones sean los criminales precisamente quienes pretendan destruirlas», añadió.
¡CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER NO ESTÁN SOLOS! ¡NO CEDEREMOS UN SOLO CENTÍMETRO DE NUESTRA PATRIA ANTE EL TERRORISMO!
He ordenado al Ministro de Defensa y a la cúpula de nuestra Fuerza Pública ejecutar de inmediato la militarización de Cúcuta, como medida temporal para reforzar la seguridad, proteger a la población y enfrentar a las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de esta región fronteriza.
A partir del 3 de noviembre, esta medida estará acompañada por el despliegue de la campaña Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), con una misión clara: recuperar el control territorial, desarticular las estructuras criminales, golpear sus finanzas y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia.
¡NO SE TRATA DE DESPLEGAR UNIFORMADOS PARA MOSTRAR PRESENCIA, SINO DE RECUPERAR EL CONTROL Y ENTREGAR RESULTADOS!
La próxima semana estaré personalmente en Cúcuta para verificar el cumplimiento de estas órdenes, evaluar los avances operacionales y exigir una coordinación efectiva entre nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades territoriales.
A los cucuteños y nortesantandereanos les reitero mi compromiso: su seguridad es una prioridad. No permitiremos que las amenazas y los ataques contra la población se conviertan en parte de su vida cotidiana.
¡LA SEGURIDAD DE LOS COLOMBIANOS NO SE NEGOCIA Y EL TERRORISMO SE ENFRENTA CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO!
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 29, 2026
Estas medidas fueron tomadas luego del asesinato el pasado lunes del candidato a alcalde de Cúcuta Miguel Castellanos Serrano, quien murió a tiros en las proximidades de una gasolinera de Norte de Santander, en una de las escasas ocasiones en que el político viajaba sin su escolta.
Castellanos era un mayor retirado de la Policía que asumió la Secretaría de Gobierno municipal, una de las carteras más complejas de la administración local. Desde allí combatió la criminalidad, trabajó por la recuperación del espacio público, el acceso a la justicia y la protección animal.
El martes al menos cuatro civiles y dos policías resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo cerca del puente internacional que conecta Cúcuta con Venezuela.
En Cúcuta, por su ubicación fronteriza y cercanía con la convulsa región del Catatumbo, operan desde hace décadas distintos grupos de guerrilleros y de narcotraficantes que controlan el flujo de drogas y el contrabando. EFE
