El expresidente de Bolivia Evo Morales fue citado a declarar como testigo el próximo 21 de octubre por la muerte de civiles durante la crisis de 2019, año en el que renunció y denunció ser víctima de un «golpe de Estado», un juicio en el que la exmandataria interina Jeanine Áñez es la principal acusada.
Junto a Morales, también se llamó a declarar como testigo al exministro de Justicia Iván Lima, quien hace dos semanas renunció al cargo, y que era considerado uno de los más fuertes del gabinete del presidente Luis Arce.
El juez David Kasa, del Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la mujer, informó de las citaciones dentro del juicio del caso denominado ‘Senkata’, una planta de combustibles ubicada en la ciudad de El Alto y que fue blanco de fuertes protestas en 2019 en las que murieron 10 personas.
Asimismo, Luis Guillén, el abogado de Áñez, confirmó la convocatoria a declarar de Morales y Lima, por lo que estaba «tramitando las citaciones correspondientes».
La Justicia boliviana abrió un juicio en la vía ordinaria contra la exmandataria interina por las muertes registradas en los enfrentamientos en los alrededores de Senkata, cuando estalló la crisis en medio de denuncias de fraude electoral a favor de Morales y su posterior dimisión el 10 de noviembre de 2019.
En la audiencia del próximo lunes, denominada «de excepción de incompetencia», los abogados nuevamente buscarán demostrar que a la exmandataria le corresponde un juicio de responsabilidades.
Áñez enfrenta varios procesos que se siguen por la vía ordinaria, como el caso ‘golpe de Estado I’, en el que junto al gobernador opositor suspendido Luis Fernando Camacho y el ex líder cívico Marco Pumari, son los principales acusados por los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración» por sus roles en los hechos de 2019.
Bolivia estuvo sumida en una crisis social y política tras los comicios del 20 de octubre de 2019, que fueron anulados por las denuncias de que hubo un presunto fraude electoral a favor de Morales.
Tras el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de 2019, Morales primero anuló y anunció nuevas elecciones y horas después dimitió a la Presidencia, alegando ser víctima de un supuesto «golpe de Estado».
Para el oficialismo, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados para ponerse en sucesión constitucional y asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales y de todos los que por ley estaban habilitados para liderar el Ejecutivo.
La defensa de Áñez argumenta que ella accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» que dejó Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados de ese entonces.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 y ya fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso ‘golpe de Estado II’ por la forma en la que asumió la Presidencia interina del país en 2019.
