El opositor Luis Fernando Camacho afirmó el viernes que «fue un honor» estar preso durante casi tres años por defender «la democracia» en Bolivia, tras llegar a Santa Cruz, su región natal en el este del país, luego de que la Justicia le retirara la medida de prisión preventiva en cuatro procesos, incluido uno por la crisis de 2019.
«Ha sido un honor estar preso casi tres años por la lucha de mi pueblo, por la libertad y la democracia. Fue un honor», sostuvo el conservador Camacho ante una multitud que lo esperaba en una parada que hizo en el recorrido desde el aeropuerto internacional de Viru Viru hacia la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima.
«Yo dí mi palabra, no me voy a vender nunca, ni voy a negociar mis principios, no me van a quebrar y saben que jamás voy a arrodillarme si no es ante Dios», afirmó el también gobernador de Santa Cruz.
Camacho salió este viernes de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en el Altiplano de La Paz, donde estuvo recluido desde finales de 2022, tras beneficiarse con medidas sustitutivas como la prisión domiciliaria en cuatro procesos judiciales, el principal, el llamado caso ‘golpe de Estado I’, por su rol en la crisis de 2019.
Tras dejar la cárcel y cumplir previamente un trámite legal en La Paz, el líder conservador viajó en un vuelo privado hasta Santa Cruz, donde miles de sus seguidores lo recibieron y acompañaron su recorrido hasta la plaza principal de esa ciudad, donde esta la sede del gobierno departamental.
La revisión de las detenciones preventivas responde a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se verifique el cumplimiento de los plazos de esa medida cautelar en todos los procesos en curso contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, Camacho y el exlíder cívico de la región andina de Potosí Marco Pumari.
Los procesos judiciales por la crisis de 2019 se realizan a instancias del Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que aseguran que hubo un «golpe de Estado» contra Evo Morales (2006-2019), lo que niegan sus detractores que afirman que las protestas fueron por un fraude a favor del entonces presidente en las fallidas elecciones de ese año.
El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó en los últimos meses con Camacho y Pumari como principales acusados por haber liderado las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Jeanine Áñez (2019-2020) estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice», pero en 2024 fue apartada del proceso porque ya fue juzgada y sentenciada a 10 años de cárcel por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.
Dentro de ese proceso, la exmandataria fue sentenciada en 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, una sentencia ratificada en 2023 por el TSJ, que entonces estaba liderado por otros magistrados.
El lunes, un tribunal anuló un proceso ordinario contra Áñez y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta en el llamado caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
Esa corte dispuso también un «mandamiento de libertad» para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión, aunque para esto hay una serie de trámites y pasos legales que se deben cumplir previamente, y además está vigente la sentencia por el caso ‘golpe de Estado II’.
También este viernes salió de prisión Marco Pumari, a quien la Justicia dio la «libertad pura y simple» en el caso ‘golpe de Estado I’ y esta jornada se benefició con el arresto domiciliario en otro proceso por su supuesta implicación en la quema de una sede electoral en Potosí en 2019.
El Gobierno de Arce anunció que apelará todas las decisiones judiciales favorables a los tres opositores. EFE
