La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para Centroamérica y República Dominicana pidieron a Nicaragua que cese las detenciones “arbitrarias e ilegales” de opositores, después de que 36 personas hayan sido detenidas antes de las elecciones de noviembre próximo en ese país.
En un comunicado fechado este viernes en Washington y Panamá, los organismos internacionales condenaron la “criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua”, en particular la reciente orden de detención, allanamiento y acusación en contra del escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez.
Denunciaron que en la mayoría de los casos “el Estado no habría confirmado oficialmente el paradero de las personas detenidas, impidiéndoles además tener contacto con sus familiares por períodos de hasta más de 80 días, y el acceso a un abogado de su elección”.
Rechazaron “el uso indebido de acusaciones penales” en contra de los opositores, que aseguran enfrentan acusaciones por delitos graves como lavado de dinero, presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación, o conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Advierten que las acusaciones “no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo” al haber sido presentadas en varios casos “en audiencias preliminares privadas y secretas, en instalaciones distintas a los tribunales judiciales, en horas de la madrugada” y a menudo sin presencia de los representantes legales.
Las organizaciones pidieron igualmente a las autoridades responsables garantizar un trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia, así como respetar el debido proceso y asegurar una defensa adecuada.
Con información de EFE
