La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que expresa que dará mayor atención a los anuncios del régimen de Nicolás Maduro a la presunta «apertura cooperación internacional» en la lucha contra la impunidad ante las violaciones de derechos humanos, tras la apertura de la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) para dar asistencia técnica al sistema judicial en el país.
«Para la efectividad de estos esfuerzos, el Estado debe reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos«, indica el comunicado emitido por el organismo internacional.
Agrega el escrito que «la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales. Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos«.
A continuación el comunicado completo:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de los recientes anuncios del Estado de Venezuela sobre cierta apertura a la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos.
El 23 de abril, el Presidente Nicolás Maduro anunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que actualmente desarrolla una investigación por la presunta ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en el país, instalará una oficina en Caracas, desde donde cooperará con las autoridades nacionales. También comunicó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas será invitada a tener un equipo en el terreno nuevamente. Este anuncio se hizo luego de que dicha oficina fuera expulsada el pasado 15 de febrero, hecho que fue condenado por esta Comisión.
La apertura del Estado a recibir ambas oficinas debe estar acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad. De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, sólo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.
El principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo. En distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de las personas magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y trasparencia sobre sus actuaciones.
La Comisión Interamericana reafirma que la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales. Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
