El alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, Josep Borrell, expresó «gran preocupación» por las condenas impuestas por el régimen de Miguel Díaz-Canel en contra de los manifestantes detenidos por las protestas de julio de 2021.
«Las manifestaciones espontáneas celebradas en todo el país fueron un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión, con más de 1.400 personas detenidas y 790 imputadas. Tras el anuncio de varias sentencias duras, el 16 de marzo de 2022 el Tribunal Supremo Popular de Cuba hizo públicas otras 128 sentencias con penas de hasta 30 años de prisión, incluyendo a menores de 18 años en el momento de su arresto. Dichas condenas son desproporcionadas», expresó.
Borrell destacó que aunque la Constitución cubana reconoce el derecho de manifestación, «el uso de estos procedimientos judiciales y sentencias niega a los ciudadanos cubanos el derecho a expresar sus opiniones pacíficamente y a exigir cambios».
Por ello reclamó que «el derecho a disentir y a manifestarse debería ser garantizado y protegido en Cuba».
El representante de la UE también llamó a las autoridades cubanas a que permitan a la comunidad diplomática asistir a dichos juicios. «Estos juicios suscitan preocupaciones importantes en relación a los principios básicos y estándares internacionales de transparencia y debido proceso, como el derecho del acusado a la asistencia legal de un abogado de su elección», añadió.
Borrell también denunció los casos de ciudadanos reporteros y periodistas que han sido detenidos, acusados y sentenciados por informar sobre las protestas del 11 y 12 de julio. «La Unión Europea insta a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos de los cubanos, incluyendo la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión«, exigió.
