El expresidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a presentarse este miércoles ante la Policía Federal para declarar sobre una presunta trama golpista en la que le implicó el senador Marcos do Val, alineado en la ultraderecha que le apoya.
Se trata de la cuarta declaración que Bolsonaro presta ante las autoridades policiales, que también le investigan por alentar actos antidemocráticos, intentar apropiarse de unas joyas regaladas por Arabia Saudí que en realidad pertenecen al Estado y supuestos fraudes con certificados de vacunación contra la covid, entre otros asuntos.
Este vez, el exmandatario fue citado a prestar declaración en torno a unos supuestos planes anteriores al último 1 de enero, cuando asumió el poder el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, desvelados por el senador, Do Val, quien ha dado al menos cuatro versiones distintas del caso.
En diversas y hasta contradictorias declaraciones, Do Val dijo en febrero pasado que, antes de la investidura de Lula, Bolsonaro y un activista de ultraderecha le plantearon que pidiera una reunión con el magistrado Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y miembro de la Corte Suprema.
Según el senador, la intención era que pidiera una reunión con el juez y grabase la conversación sin que este lo percibiera, a fin de inducirle a aceptar alguna supuesta irregularidad para favorecer a Lula en las elecciones, lo cual serviría como excusa para invalidar los comicios y mantener a Bolsonaro en el poder.
El propio De Moraes admitió que en diciembre pasado se encontró con el senador, quien le reveló el supuesto plan tramado por Jair Bolsonaro pero se negó a presentar una denuncia formal.
«Me dijo que era una cuestión de ‘inteligencia’ y que no podría confirmarlo, con lo cual solo le agradecí, pues lo que no es oficial no existe», declaró en su momento el magistrado, quien calificó de «ridícula» toda esa supuesta trama.
Sin embargo, una vez que el propio senador hizo públicos esos presuntos planes y frente a las diferentes versiones sobre el caso que ofreció a la prensa, De Moraes determinó que el asunto fuera investigado.
Según el magistrado, la Policía Federal deberá establecer si hubo en realidad un plan en ese sentido y también precisar si el senador pudo haber incurrido en los supuestos delitos de «falso testimonio» y «denuncia calumniosa».
Esta investigación han sido enmarcada en procesos judiciales abiertos después del 8 de enero, cuando una turba de bolsonaristas radicales invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Parlamento, en un claro intento por forzar un golpe contra Lula, quien había asumido el poder una semana antes.
EFE
