El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la decisión de este viernes del Tribunal Superior Electoral (TSE) de dejarlo inelegible hasta 2030 por abuso del poder y uso indebido de los medios públicos de comunicación en las elecciones de 2022 fue una «puñalada en la espalda».
«Recientemente recibí una puñalada en la barriga y ahora me dieron una puñalada en la espalda con la inhabilitación política por abuso de poder político», afirmó el líder de la ultraderecha en Brasil en una inmediata reacción a la decisión de la máxima autoridad electoral y al recordar el atentado que sufrió en 2018.
En una declaración a la prensa en la ciudad de Belo Horizonte, Bolsonaro dijo que seguirá trabajando «dentro de las cuatro líneas» de la Constitución, algo que según apuntó, es un «esfuerzo» que «no tuvo su debido valor reconocido».
«Hoy sufro una inhabilitación, no me gusta convertirme en inelegible en la política. Esa frase no es mía: nadie mata, nadie muere», agregó.
Bolsonaro fue despojado de sus derechos políticos por ocho años por el tribunal electoral, en el que, por cinco votos contra dos, se le declaró culpable de «abusos de poder» durante la campaña en la que fue derrotado por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El líder de la ultraderecha, de 68 años y que ya había manifestado su intención de disputar las presidenciales de 2026, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022.
La decisión, por lo mismo, le permite disputar las presidenciales de 2030, que están programadas para octubre de ese año y cuando tendrá 75 años.
Bolsonaro dijo igualmente que no está «muerto» y que conversará con sus abogados sobre las posibilidades de presentar recursos contra la decisión tanto ante el Tribunal Electoral como ante la Corte Suprema.
El líder ultraderechista también está esperanzado en la posibilidad ya anticipada por algunos de sus correligionarios políticos de que el Congreso apruebe un proyecto de ley amnistiando a los condenados por delitos electorales en 2022, que lo beneficiaría y lo volvería a habilitar políticamente.
El juicio contra el ex jefe de Estado tuvo como eje una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para volver a descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia.
Ese hecho, según dice la sentencia, constituyó un «abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo» y también un «uso indebido de predios públicos y medios de comunicación», pues Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento.
Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), la formación a la que pertenece Bolsonaro, afirmó que está incrédulo ante lo ocurrido por ser la primera vez en la historia que un expresidente «pierde sus derechos políticos por hablar». EFE
