El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves la ley que prohíbe las importaciones desde la región china de Xinjiang, exigiendo a las empresas fabricantes que demuestren que sus productos no se fabrican en contexto de explotación laboral para poder pasar por las aduanas estadounidenses.
La semana pasada, el Senado había aprobado y enviado a la Casa Blanca la medida orientada a ponerle freno a las condiciones de trabajo forzoso de las minorías étnicas por las campañas del régimen de China.
Estados Unidos cita el algodón en bruto, los guantes, los productos de tomate, el silicio y la viscosa, las artes de pesca y una serie de componentes de la energía solar entre los bienes que supuestamente se han producido con la ayuda del trabajo forzado.
La legislación exige a los organismos gubernamentales que amplíen su vigilancia sobre el uso del trabajo forzoso por parte de las minorías étnicas de China. Lo más importante es que crea la presunción de que los productos procedentes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado. Las empresas tendrán que demostrar que el trabajo forzoso, incluido el de los trabajadores trasladados desde Xinjiang, no ha intervenido en un producto para introducirlo en Estados Unidos.
Xinjiang es una región minera rica en recursos, importante para la producción agrícola y sede de un sector industrial en auge. Los detenidos también son trasladados fuera de Xinjiang y puestos a trabajar en fábricas, incluidas las de los sectores de la confección y el textil, la electrónica, la energía solar y la automoción, según Estados Unidos.
Grupos de derechos humanos han reportado una vigilancia sin precedentes a los uigures, de mayoría musulmana, en la región de Xinjiang, que incluye seguimientos de ADN y operaciones de inteligencia artificial para reconocer y monitorear rostros.
Activistas, testigos y el gobierno de Estados Unidos dicen que más de un millón de uigures y otros musulmanes permanecen cautivos en campos de concentración en un intento de desarraigarles de sus tradiciones islámicas y asimilarlos por la fuerza.
Pekín describe estos sitios como centros de entrenamiento vocacional y asegura que su objetivo es reducir el riesgo de que se esparza el radicalismo islámico, tras una serie de ataques mortales.
