El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anuló este viernes el acuerdo gubernativo con el que su antecesor Alejandro Giammattei (2020-2024), garantizaba agentes de seguridad y vehículos a su círculo cercano tras entregar sus cargos el pasado 14 de enero.
«La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos», indicó Arévalo de León por medio de sus cuentas oficiales, después de derogar el acuerdo.
En sus últimos días de Administración, Giammattei había otorgado para los próximos 5 años y por medio de un decreto, decenas de vehículos y agentes policiales al servicio de sus 14 ministros.
En una entrevista con EFE el pasado 3 de enero, Arévalo de León, de 65 años, anunció que su primera tarea en la presidencia sería revertir las «decisiones absurdas» del expresidente Giammattei.
La decisión de derogar este acuerdo gubernativo es la primera acción concreta de Arévalo de León en sus primeros cinco días de Gobierno, luego de su investidura el pasado 14 de enero.
De acuerdo con fuentes del Gobierno, actualmente se encuentran revisando distintas políticas y decretos en diversas instituciones públicas que podrían ser retiradas en los próximos días.
El nuevo mandatario guatemalteco tomó posesión después de cuatro largos meses de transición caracterizada por una crisis política debido a los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por evitar su investidura.
El 20 de agosto de 2023, Arévalo de León, del partido socialdemócrata Movimiento Semilla, ganó los comicios de forma sorpresiva, tras superar a los políticos tradicionales y marcados como favoritos en las encuestas.
Desde el 1 de septiembre pasado, el entonces presidente electo señaló a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, de estar detrás de un intento de «golpe de Estado» para anular su triunfo en las urnas.
Respaldado por la comunidad internacional y por los pueblos indígenas de Guatemala, Arévalo de León llegó a la presidencia con el reto de conseguir condiciones de gobernabilidad y cumplir sus promesas de limpiar la corrupción estatal.
EFE
