La Procuraduría colombiana alertó este miércoles que en las rutas utilizadas por migrantes ilegales para atravesar la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, hay minas antipersonal que hacen más peligroso el camino de quienes buscan llegar a EE.UU.
La advertencia la hizo el Ministerio Público luego de una visita de verificación a la población de Necoclí, que hace parte del departamento de Antioquia (noroeste), y que es la primera parada en la ruta por el Darién.
En desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado el pasado 15 de marzo «se reveló que en un patrullaje realizado a principios del mes se detectó un explosivo tipo ‘camándula’, enterrado en un camino (…) rural de Acandí, Chocó, paso obligado de una de las rutas que suelen tomar los migrantes con el fin de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá en su camino hacia Estados Unidos», detalló la Procuraduría en un comunicado.
Ante esta situación, el organismo de control solicitó a las autoridades articularse para determinar a la brevedad «si existen otros lugares minados en el Tapón del Darién y poner en marcha operativos de búsqueda y desactivación de artefactos explosivos improvisados» para evitar tragedias.
Por otro lado, la Procuraduría también recibió denuncias sobre una nueva modalidad de tráfico ilegal de migrantes por la vía marítima entre el corregimiento de Capurganá (Chocó) y la población panameña de Carreto.
Según los lugareños, eso ocurre en las horas de la noche a bordo de lanchas rápidas cuyo tránsito está prohibido por la capitanía de puerto e implica enormes riesgos para los migrantes.
A pesar de estos peligros, el servicio estaría siendo ofrecido como una alternativa más fácil y rápida de llegar a Panamá «pero de altísimos costos, como una especie de servicio élite de tránsito», puntualizó la Procuraduría.
Según las cifras del Comando de Policía Urabá, el tránsito de migrantes ha aumentado entre 2022 y 2023, registrando 50.135 ingresos entre enero y febrero de este año, frente a los 10.006 que ingresaron en los mismos meses del año pasado.
En Necoclí, la situación se hace más compleja, ya que, según información de la Alcaldía Municipal, al menos 300 de esos migrantes, entre ellos niños, adultos mayores y madres gestantes, permanecen en las playas buscando completar los 300 dólares que cobran los traficantes de personas por llevarlas entre esta población y la frontera con Panamá.
Todo esto «ha llevado a que se agudicen situaciones de insalubridad, inseguridad, prostitución infantil, explotación laboral y microtráfico, entre otras», que ya fueron denunciadas por la Procuraduría, pero que «hasta el momento no han sido atendidas debidamente por las entidades responsables».
Solo en lo que va de año atravesaron el Tapón del Darién más de 70.000 personas, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá, una cifra cinco veces superior a la registrada en 2022 durante el mismo periodo.
EFE
