La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, expresaron su preocupación frente al nuevo proceso de expulsión de personas venezolanas, llevado a cabo el 6 de junio 2021.
En el comunicado las agencias de Naciones Unidas señalan que, al llevarse a cabo el proceso de expulsión durante el fin de semana, se limitó el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida, considerando que varias de ellas fueron expulsadas, a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución en los tribunales correspondientes, y se señaló que en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares.
«Reconociendo y respetando la soberanía del Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso al territorio, las agencias señalan al mismo tiempo la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados«, indicaron. A su vez, recordaron que en el contexto de pandemia por COVID 19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes.
#Chile🇨🇱
Junto a @ACNURSuramerica, @UnicefChile y @OIMChile expresamos preocupación frente a un nuevo proceso de expulsión de personas extranjeras #venezolanas, ocurrido el pasado 6 de junio.
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— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) June 8, 2021
Las agencias resaltan que todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad. Asimismo, resaltaron que resulta esencial que el Estado cuente con procedimientos que garanticen la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña o adolescente en las expulsiones de padres, madres y/o cuidadores, considerándose preservación de la unidad familiar como un estándar de la mayor relevancia para tales efectos.
Además, las agencias aseguraron afirmaron que los procesos de expulsión en donde se mezclan tanto personas con órdenes de expulsión administrativas como judiciales, «requieren un protocolo de gestión diferenciado», alertando que la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia y discriminación en las comunidades de acogida al asociar a las personas expulsadas por faltas administrativas con la comisión de delitos.
Vía ACNUDH
