La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este lunes a la Corte Suprema de Justicia que autorice una orden ejecutiva, que permanece bloqueada, y que busca imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La solicitud de la Administración fue presentada una semana después de que un tribunal de apelaciones de Massachusetts ratificara el bloqueo a la orden de Trump, emitida el pasado abril, que pretende imponer controles restrictivos a las personas que voten por correo.
La orden del republicano dispone que el Servicio Postal solo distribuya las boletas para el voto por correo a los electores que aparezcan como elegibles en los registros elaborados por los estados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia demandaron a la Aministración Trump poco después de que se emitiera la orden, argumentando que era inconstitucional y que su verdadero objetivo era la supresión del voto.
En el camino hacia las elecciones de mitad de mandato, Trump ha reforzado, sin pruebas, su discurso sobre «el fraude en el voto por correo».
Además, el mandatario ha realizado una extensa campaña de presión para que el Congreso apruebe su iniciativa de ley ‘Save America’ que obligaría a los estados a exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en las elecciones federales.
El argumento que ha premiado para mantener la orden ejecutiva de Trump sobre el voto electrónico congelada ha sido que el presidente carece de autoridad para modificar las elecciones.
La Administración también ha demandado a 29 estados para intentar obtener copias de sus padrones electorales, que incluyen las fechas de nacimiento de los votantes, los números de licencia de conducir y parte de sus números de Seguro Social.
Los tribunales han impedido que la Administración obtenga las listas de votantes en tres estados y aún no se han pronunciado en los demás.
El voto por correo adquirió una importancia sin precedentes durante las elecciones presidenciales de 2020, cuando millones de estadounidenses recurrieron a esa modalidad en medio de la pandemia de la covid-19.
Pese a las denuncias de fraude impulsadas por Trump, funcionarios electorales, tribunales y agencias federales concluyeron que no existían pruebas de un fraude generalizado y defendieron que el sistema cuenta con múltiples mecanismos de verificación y auditoría. EFE
