La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó las amenazas de judicialización contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP) por «contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados» en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria y por tener un «efecto desalentador en la participación política».
«Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana», sostuvo la CIDH en un comunicado.
«El diálogo amplio, efectivo y participativo requiere de garantías a la libertad de expresión, reunión y asociación. Actualmente en Venezuela persisten las restricciones arbitrarias a la participación política de personas candidatas opositoras, persecución penal por motivos políticos, iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, así como intimidaciones a periodistas e interferencias en los medios de comunicación«, resaltó la Comisión.
La CIDH destacó que en lo que va de 2023 al menos nueve radios cesaron sus transmisiones por órdenes administrativas en los estados Táchira (3), Portuguesa (2), Anzoátegui (1), Bolívar (1), Barinas (1) y Carabobo (1). «En la mayoría de estos casos las autoridades argumentaron que las emisoras no disponían de los permisos necesarios para operar. Asimismo, se habrían censurado determinados temas o palabras en programas informativos, entrevistas con determinadas personas, y debates públicos sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en la gestión gubernamental. A ello se suman reportes de periodistas que habrían sido despedidos como consecuencia de sus coberturas y reportajes sobre temas de interés público», reportó la CIDH.
La Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) resaltó «la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, fortalecen y garantizan la democracia. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación».
