Transparencia Venezuela presentó este martes el informe técnico «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto», una evaluación detallada de la capacidad de respuesta del Estado venezolano tras el doblete sísmico del 24 de junio, que concluye que la verdadera tragedia no radica solo en la magnitud del sismo, sino en décadas de deterioro institucional acumulado.
El documento analiza la velocidad de despliegue usando el Índice de Brecha de Despliegue (IBD): Venezuela alcanzó apenas el 12,6% de su pico de efectivos a las 24 horas y el 34,6% a las 48 horas, frente a países como Chile que movilizan más del 71% en el mismo lapso ante sismos de magnitud comparable.
En la «ventana dorada» de 72 horas para rescatar sobrevivientes, la capacidad nacional especializada fue «casi nula»: de las 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira, el 83% lo hizo por autoevacuación o rescate local en las primeras 48 horas, antes de la llegada de los equipos internacionales.
El informe documenta cuatro factores de fragilidad estructural preexistentes. El primero es que Venezuela obtuvo 10 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Además, se destaca que los hospitales operaban al 40% de su capacidad quirúrgica con 74% de desabastecimiento de insumos.
Asimismo, la red sísmica de FUNVISIS se redujo de 300 estaciones en los años 90 a apenas cuatro operativas en la actualidad, impidiendo emitir alertas oportunas. Y pese a haber invertido miles de millones en aeronaves militares de transporte pesado como los Mi-26 y Y-8, no hay evidencia de su uso durante la emergencia.
En materia de cifras, el informe documenta un subregistro convergente: el Estado reporta 856 edificaciones afectadas, mientras evaluaciones independientes de NASA, Microsoft y Copernicus detectan entre 10.510 y 58.870 estructuras dañadas. Las plataformas ciudadanas estiman cerca de 50 mil desaparecidos, cifra que el Estado nunca reconcilió públicamente.
Transparencia Venezuela lanzó además una advertencia prospectiva: el mayor riesgo de corrupción podría ocurrir en los próximos 2 a 4 años durante la fase de reconstrucción, estimada en más de 37.000 millones de dólares en daños físicos directos. La organización exige un registro auditable de fondos y veeduría civil para evitar que la opacidad histórica desvíe la ayuda.
