Transparencia Venezuela publicó este domingo un informe de 37 páginas titulado «De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025)», que revela en detalle la compleja red internacional de intermediarios, empresas pantalla, bancos facilitadores y mecanismos de pago opacos que permitió al régimen chavista comercializar su petróleo sancionado y lavar miles de millones de dólares, con la participación de funcionarios de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba.
La investigación documenta que entre 2019 y 2023, una cadena de comercialización, distribución y cobranza corrupta hizo desaparecer miles de millones de dólares que nunca ingresaron a las cuentas de PDVSA ni del Estado venezolano. El escándalo de PDVSA Cripto en 2023 no desmanteló la red sino que la perfeccionó: algunos actores fueron desplazados pero el sistema de opacidad se mantuvo y se sofisticó, manteniendo la comercialización en manos de personas con vínculos previos con el Gobierno de Maduro.
Los principales traders de 2025 y sus conexiones
El informe identifica a Ramón Carretero Napolitano y al exfuncionario Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la exprimera dama Cilia Flores— como los mayores exportadores del petróleo venezolano en 2025, solo por detrás de Chevron, a través de tres empresas offshore registradas en China y Singapur que sumaron 63 envíos de crudo. Ambos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en diciembre de 2025, y sus sanciones se ampliaron días después a familiares de ambas familias.
En segundo lugar figura el grupo vinculado a Harry Sargeant III, fundador de Global Oil Management Group, quien sumó al menos 32 envíos a través de empresas que comparten actividades con Alejandro Betancourt López, conocido por el caso Derwick e investigado en Suiza, España y EE.UU. La estatal cubana Cubametales ejecutó 31 envíos, convirtiendo los negocios Venezuela-Cuba en el eje comercial que sostiene la relación política entre Caracas y La Habana.
El informe también vincula al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con la empresa Shandong Minshou Energy —junto a Jorge Andrés Giménez Ochoa—, señalándolo como presunto intermediario para la asignación de cuotas de petróleo venezolano con destino a China y en prácticas de lavado utilizando varias empresas, entre ellas Ripple Oil Trading y Panglobal Energy, ambas vinculadas a Delcy y Jorge Rodríguez.
Los esquemas de evasión
La investigación documenta ocho mecanismos de evasión y lavado: redes de intermediarios con empresas en al menos 30 países; empresas pantalla en Hong Kong, China, Emiratos Árabes, Turquía, Suiza, Panamá, Rusia e Islas Vírgenes Británicas; ventas con descuentos de hasta el 30% del precio de mercado en 2025; ocultamiento del origen del crudo mediante reetiquetado en Malasia, Singapur, Brasil y Curazao; mecanismos de trueque de petróleo por alimentos, diluyentes y gasolina; canje de crudo por oro enviado en lingotes a Rusia e Irán; nuevos Contratos de Participación Productiva (CPP) firmados a 20 años con firmas dispuestas a operar en el mercado negro; y el ecosistema cripto, donde en 2025 las transacciones de intermediarios opacos se pagaban casi completamente con Tether (USDT).
El papel de Rusia fue determinante en los primeros años: Rosneft manejó una porción mayoritaria de las exportaciones de PDVSA en 2019 antes de ser sancionada por EE.UU. en 2020. China, a través de empresas estatales como la CNPC y posteriormente la corporación de defensa CASIC, introdujo 19,7 millones de barriles de crudo venezolano «reetiquetado» en puertos asiáticos. Irán suministró combustibles y condensados a cambio de oro y crudo bajo esquemas de swap que funcionaron como columna vertebral de la producción venezolana bajo sanciones.
En 2025, 90 de los 435 embarques documentados pertenecieron a empresas cuyos responsables no pudieron ser identificados, lo que Transparencia Venezuela atribuye al uso de CPP adjudicados sin licitación pública bajo la cobertura de la Ley Anti-Bloqueo.
