La organización Transparencia Venezuela emitió una alerta tras la emisión del Decreto N.° 5.414, mediante el cual la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, dictó el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional. La medida, avalada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 8 de agosto, establece un período de 60 días, el máximo permitido por la Constitución venezolana.
En su más reciente reporte, titulado «Delcy copia los decretos de emergencia de Maduro: No resolvieron ninguna emergencia, pero sirvieron para el control político y la corrupción», la organización advierte que esta acción es una continuación de la práctica sistemática del dictador Nicolás Maduro. Entre 2016 y 2025, Maduro dictó un total de 36 decretos de este tipo, gobernando bajo un régimen de excepción ininterrumpido durante cinco años, entre 2016 y 2021, y retomando este mecanismo en abril de 2025.
Según el informe, estos decretos no han logrado resolver las crisis para las que fueron diseñados, sino que han funcionado como herramientas para la captura del Estado. Al amparo de la emergencia, el Poder Ejecutivo ha logrado despojar a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales, asumiendo competencias presupuestarias y legislativas de manera discrecional; normalizar poderes extraordinarios, convirtiendo lo que debería ser una medida temporal en una «regla» de gobierno; y centralizar decisiones críticas, como la modificación del presupuesto nacional, erogaciones no previstas, intervención en el sistema cambiario y regulación de la comercialización de alimentos y medicinas.
Un puente hacia la corrupción
Transparencia Venezuela identificó una cadena causal directa entre estos decretos y la corrupción, especialmente en las contrataciones públicas. Al debilitar o eliminar los controles parlamentarios y los mecanismos de fiscalización previos y posteriores, se incrementa drásticamente el riesgo de decisiones discrecionales y captura de recursos públicos.
Ya en 2017, la Asamblea Nacional, entonces de minoría chavista, había denunciado que la supresión de restricciones legales en la contratación pública estaba promoviendo prácticas corruptas. El reporte destaca que, para septiembre de 2018, el catálogo de facultades extraordinarias del Ejecutivo llegó a sumar aproximadamente 36 competencias, un punto crítico de discrecionalidad administrativa y económica.
El análisis describe cinco etapas en esta evolución, que comenzó con una emergencia puramente económica en 2016 y mutó rápidamente hacia una excepción política y de seguridad. Tras un vacío formal entre 2021 y 2025, el régimen reactivó estas medidas con los decretos de Maduro en abril y agosto de 2025, un patrón que, según la organización, ahora Rodríguez reafirma con el nuevo decreto de agosto de 2026.
La organización concluyó que esta secuencia ha sido nefasta para el Estado de derecho y la democracia, al permitir que abusos y violaciones pasaran de ser riesgos posibles a realidades consumadas bajo el pretexto de una crisis perpetua.
